Por: Luis Mesina ----
Maracaibo 15-08-2021
El 4 de junio se dio
formalmente inicio a la Convención Constitucional, nombre dado al proceso
constituyente abierto por la revuelta y estallido del 18 de octubre de 2019. Paralelamente
se lleva a efecto el proceso electoral, previsto para el mes de noviembre que
deberá elegir nuevas autoridades, presidente, senadores y diputados.
La disyuntiva es que la
convención es parte del poder constituyente que el pueblo en su mayoría demandó
en las movilizaciones que pusieron en jaque al régimen político y económico del
país y cuyo objetivo es redactar una nueva Constitución Política. En cambio, el
proceso electoral que culmina en noviembre con nuevas autoridades, responde al
poder constituido que se rige por la Constitución espuria de Pinochet que las
mayorías repudian.
Esa contradicción es la que
está en juego hoy.
La pugna de lo viejo que se
resiste a morir y que ha significado para el país 48 años de profundas
desigualdades sociales y la instalación de un régimen político que ha
privilegiado los intereses de la oligarquía ubicando a Chile con las tasas más
altas de concentración de la propiedad y de la riqueza, cuyas consecuencias muestran
al país como uno de los más desiguales de la región y son la causa primera del
estallido de octubre pasado.
Lo nuevo, lo que está naciendo
lo representan los delegados de la convención constitucional, que en un
porcentaje relevante provienen de organizaciones de base, vinculadas a los
movimientos sociales, pueblos originarios, ambientalistas, etc. y, que en un
porcentaje importante surgen por fuera de los partidos políticos
tradicionales.
Una característica peculiar
del proceso chileno abierto con la revuelta de octubre y que se inscribe en un
escenario similar al que ocurre en muchos países, es que ésta careció de una
dirección política tradicional. Fueron los movimientos sociales, con sus
debilidades propias en un país que jurídica y políticamente se ha encargado de diezmarlo
el que se alzó de la mano de miles que espontanea e inorgánicamente salieron a
demandar justicia. Esa fuerza social incontrolable tiene ventajas en la lucha
contra las instituciones del Estado, pues no existen mediaciones ni
intermediarios, la lucha es directa. Al no estar los partidos políticos que por
su naturaleza siempre juegan un rol orientador y al mismo tiempo componedor de
las luchas sociales, al no estar la Iglesia Católica, institución
característica de la mediación, la lucha se tornó mucho más genuina, más
intensa y a veces, más radical.
Sin embargo, lo que es una
fortaleza, al mismo tiempo se convierte en una debilidad, pues careciendo de
dirección no hay quien ordene y jerarquice las legítimas demandas, tampoco,
quien conduzca tras un objetivo preciso y concreto esa tremenda fuerza social
que despliegan los millones movilizados. La falta de una dirección es la gran
debilidad a sortear en el corto plazo que tiene las organizaciones sociales en
el nuevo escenario abierto en Chile, más aún si la disputa entre el poder
constituido y el poder constituyente ira creciendo en conflictividad, pues se
expresaran en su seno los diversos intereses de clases que representan los
distintos constituyentes.
Al mismo tiempo, si observamos
que los problemas fundamentales que se expresan en la sociedad corresponden a
los conflictos históricos entre capital y trabajo, preocupa el que en el
proceso constituyente no hayan representantes genuinos del mundo laboral representando
esos intereses, pues, siendo absolutamente legítimas las demandas de los
pueblos originarios, del movimiento feminista, del movimiento ambientalista, la
pugna en el seno del capitalismo sigue siendo el trabajo y su exponente
principal los y las trabajadoras exige que éstos de manifiesten.
El desafió del mundo del
trabajo, sindicatos, sindicalistas, abogados laboralistas es mantener en alto
aquellas demandas fundamentales que por años los y las trabajadoras han luchado,
de forma que este proceso constituyente efectivamente provoque los cambios
necesarios que corrijan las profundas asimetrías en las que los y las
trabajadoras han enfrentado en estos 48 años la lucha por sus derechos e
intereses.
Chile enfrenta una gran
disyuntiva o efectúa los cambios necesarios que otorguen igualdad y justicia
social a los y las trabajadoras, o cede a la presión de los grandes
empresarios, aparentando cambiar las cosas para que en lo principal todo siga
absolutamente igual.
*Luis Mesina, Secretario General de la
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, Vocero de la Coordinadora
No+AFP, concurrió como Candidato a convencional constituyente. Participa del
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos (AIT), del Comité Internacional
de Enlace e Intercambio (CILE)
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