Como parte del debate
del rumbo que ha tomado el gobierno de Nicolás maduro, hoy publicamos en
nuestro sitio web, una contribución Leander Pérez G. sobre las propuestas de
Fedecámaras en la llamada "Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la
Reconciliación Nacional
Por Leander Pérez G. Maracaibo 08-03-2021
El pasado 18 de
febrero Fedecámaras dio a conocer sus «Propuestas para la Comisión Especial
para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional», un programa de
liberalización de la economía y privatizaciones por el que el gobierno de
Maduro lleva ya tiempo transitando.
El programa de
Fedecámaras se divide en: propuestas al ejecutivo nacional, propuestas
legislativas y propuestas específicas a la comisión de diálogo de la Asamblea
Nacional, muchas de las cuales se han venido aplicando de facto, incluso antes
de la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad
Económica de 2018.
Con esta
propuesta, Fedecámaras abandona su querella política con el gobierno, se pasa
al bando de los «empresarios optimistas», y entra en la carrera por reparto
del país.
Más
liberalización y dolarización de facto de la economía
En su propuesta
Fedecámaras le sugiere al gobierno «sustituir la regulación de precios por un
esquema de competencia», mientras que, entre sus propuestas legislativas,
sugiere a la Asamblea Nacional la «derogatoria de la Ley Orgánica de Precios
Justos». Sin embargo, lo que habría que preguntarse es si de verdad se ha
mantenido el esquema de regulación de precios o se está aplicando la Ley de
Precios Justos.
Al menos desde
2015, el gobierno ha venido levantando todo tipo de controles de precios, sobre
todo en rubros alimenticios de primera necesidad como la leche, el arroz, o el
café. Por su parte, la Ley de Precios Justos no sólo no se está aplicando, sino
que en los hechos ya fue derogada con la aprobación en la Asamblea Constituyente
de la Ley Constitucional De Precios Acordados (2018), un esquema más flexible
en la cual los precios son decididos junto con la empresa privada. La
aplicación de esta Ley de precios acordados se daría a través de la publicación
de listas de precios, en la que en varias oportunidades empresas miembros de
Fedecámaras firmaron. Sin embargo, más allá de la visita de mercados
municipales durante campañas electorales, este esquema también fue un rotundo
fracaso.
En cuanto a la
dolarización, Fedecámaras ha propuesto «la eliminación gradual del control
cambiario, establecer un sistema de transferencia de dólares entre cuentas y
habilitar pago en divisas con tarjetas de débito, así como por pago móvil y
exprés para personas y comercios» con cuentas en el sistema bancario nacional.
Siendo honestos,
Fedecámaras no propone una dolarización legal de la economía, ya que incluso le
sugiere al ejecutivo el establecimiento por decreto de un «nuevo cono
monetario». La propuesta es facilitar las operaciones en dólares, una
dolarización de facto en la que las ganancias de los capitalistas sean en
divisas, pero que puedan seguir pagando sus impuestos en bolívares devaluados.
Más
flexibilización laboral
En cuanto al
régimen laboral, Fedecámaras le ha sugerido al Poder Legislativo la «revisión
de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», mientras
que al Ejecutivo, le ha propuesto «modificar el decreto de inamovilidad» y
«Revisar el régimen de tramitación de calificación y justificación de despidos
en las Inspectorías». En cuanto a esto, cabe preguntarse ¿se puede flexibilizar
aún más el régimen laboral?
Al menos desde
2015, el gobierno ha venido avalando (con la inacción de las inspectorías del
trabajo) despidos masivos en empresas públicas y privadas. En el caso de
Abastos Bicentenario, para el 2016 ya habían más de 3.000 trabajadores
despedidos, mientras que en empresas Polar, el
número ronda los 25.000 trabajadores despedidos a la fecha, 8.000 de ellos
solo en 2020 (en medio de la pandemia por el covid-19). Y aún así, Fedecámaras
pide «modificar el decreto de inamovilidad» y «Revisar el régimen de
tramitación de calificación y justificación de despidos en las Inspectorías» para
agilizar despidos.
Así mismo,
con el memorándum 2792, el gobierno ya ha abolido de facto toda
la legislación laboral que Fedecámaras pide «revisar». El infame memorándum,
que pasa por encima de la legislación e incluso de la Constitución Nacional, ha
significado en su aplicación la violación sistemática de las contrataciones
colectivas en empresas públicas y privadas, y la pérdida de los derechos
alcanzados por los trabajadores en años de lucha.
Más
privatizaciones
Como hemos visto
antes, tras las peticiones de liberalización de la economía y flexibilización
laboral, lo que hay en realidad es la intención de pasar, de un régimen de
facto, a uno con «seguridad jurídica». Sin embargo, lo que de verdad genera un
profundo interés en los capitalistas venezolanos es la política de privatizaciones del gobierno.
El planteamiento
central de Fedecámaras, es el «estímulo a la participación privada» a través de
la inversión nacional y extranjera. Para la representante empresarial, sería
necesaria la:
Reactivación de empresas
en manos del Estado, mediante incorporación del sector privado: i) por
devolución, de ser viable, a antiguos propietarios en caso de no
perfeccionamiento de compra estatal o expropiación; o ii) resarcimiento de
daños; o iii) venta de acciones a inversionistas privados bajo mecanismos
públicos y transparentes.
Y para ello,
propone el ejecutivo, al legislativo y específicamente a la comisión de diálogo
nacional, levantar un listado de empresas susceptibles a ser devueltas a sus
antiguos propietarios o a ser privatizadas, incluyendo «las instalaciones e
infraestructura petrolera que requieran participación de la empresa privada».
Así mismo, propone «hacer un listado de leyes o normas que impiden la
participación privada, para su modificación o eliminación». Es decir, le
solicita al gobierno un catálogo de empresas en venta y le pide levantar todo
tipo de obstáculos legales para echar mano del patrimonio público, algo que el
gobierno ya viene adelantando de facto con las «Alianzas Estratégicas» y legalmente
con la Ley Antibloqueo.
Para Fedecámaras
no hay ningún problema con las privatizaciones, el problema es que no se les
haya invitado antes al reparto de la torta. Por ello, proponen al Ejecutivo
«eliminar el secretismo en las medidas de traspaso de empresas o activos en
manos del Estado al régimen de empresa privada», garantizando así su
participación en el festín.
Tanto es así,
que apenas a 7 días de la publicación de la propuesta por parte de Fedecámaras,
y sin que el Ejecutivo o la Comisión de Dialogo se hayan pronunciado sobre éstas,
el presidente de Fedecámaras Sucre, Ruben Saud, señaló en una entrevista para informe Fedecámaras que
«el gobernador del estado Sucre tiene interés en que las empresas que fueron
expropiadas años atrás sean privatizadas y queden en manos de los empresarios
de la entidad». Así mismo, adelantó que «el pasado sábado 20 de febrero, se
realizó una reunión entre el ministro, la Cámara de Comercio y Fedeindustria,
ya que se tiene pensado hacer una zona [económica] especial de todo el golfo de
Cariaco».
Más crédito y
menos impuestos para los capitalistas
No conformes con
la “buena voluntad" del gobierno, la representante patronal pide además
que el gobierno abra líneas de crédito «para financiar capital de trabajo,
importaciones y pagos a proveedores», mientras solicita un «ajuste de la
política tributaria durante la pandemia y reformas fiscales».
Fedecámaras
parece no querer recordar que, durante la bonanza petrolera, o incluso durante
la crisis, el gobierno no dejó de financiar a los empresarios y otorgarles
dólares preferenciales. Así lo evidencia el economista Miguel Ángel Santos, quién
señaló que entre 1999 y 2018 se fugaron del país 229.750 millones de dólares.
En cuanto al
ajuste tributario, los capitalistas solicitan entre otras cosas: la «derogatoria
del Impuesto a los Grandes Patrimonios» y a las «Grandes Transacciones
Financieras»; la «Suspensión temporal de la implementación de máquinas
fiscales», «Suspensión temporal de la vigencia del nuevo Código Orgánico
Tributario», el «establecimiento de un régimen de incentivos fiscales por 3
años», «exenciones, exoneraciones y rebajas por nuevas inversiones», además de
una «Ley de Remisión Tributaria de Sanciones».
En pocas
palabras, lo que piden los empresarios es no pagar impuestos (ni siquiera
aquellos que poseen grandes patrimonios); y en caso de tener que pagarlos por
alguna razón, que se les facilite aún más evadirlos (con la suspensión de la
implementación de máquinas fiscales). No conformes con eso, piden que se les
perdonen las deudas por evadir los impuestos.
Los capitalistas
hablan de medidas «temporales» durante la pandemia, y seguramente argumentarán
que a causa de ésta sus ingresos habrán caído. Lo que no se explica, es cómo
empresarios que no tienen dinero para pagar impuestos, sí los tengan para
invertir en la privatización de empresas públicas y hasta le hayan pedido al
gobierno un catálogo.
Todo lo anterior
deja en evidencia una reorganización de los capitalistas venezolanos para
promover sus intereses dentro del gobierno, en la medida en que éste ha
generado un «clima de confianza» con la aplicación de política neoliberales.
Las privatizaciones, los desalojos de campesinos, el aumento en las tarifas de
los servicios públicos, los despidos y la política salarial, son solo algunas
de las consecuencias de este nuevo pacto de élites.
Gracias por publicar mi artículo en su web. ✊🏽
ResponderEliminar