Maracaibo 20-05-2020- tomado de información
obrera de España
Este lunes 11 de mayo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó
con los dirigentes de la patronal y de los sindicatos UGT y CCOO un
acuerdo para prolongar los ERTE (1) hasta el 30 de junio.
Este acuerdo tiene varias consecuencias y lecturas. Por un lado, amplios
sectores de la patronal lo consideran insuficiente porque la fecha del 30 de
junio es prematura y porque no establece la libertad total de despidos, que es,
no ahora, sino siempre, la “reivindicación” tradicional de los empresarios.
Pero desde el punto de vista de los trabajadores, que somos la mayoría
–los que producimos y vivimos en una situación de indefensión, este acuerdo
deja de lado la protección del derecho más elemental, el derecho al trabajo.
Permite a las empresas despedir en varios supuestos: si se encuentran con
dificultades financieras, si se trata de fijos discontinuos o si se trata de
finalizar contratos temporales.
Recordemos que hace apenas dos meses, la Ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, anunció la supuesta prohibición de los despidos. En realidad, la medida
era mucho más propagandística que real. Se limitaba a prohibir los despidos
objetivos cuya causa fuera la epidemia, convirtiéndolos en improcedentes. Unos
despidos improcedentes que la reforma laboral abarató significativamente, sobre
todo para trabajadores con mucha antigüedad. Y se dejaron fuera los despidos
producidos antes de sacar el decreto.
Ahora, con este acuerdo, Pedro Sánchez quita con la derecha lo que su
ministra dio con la izquierda hace apenas dos meses.
El anuncio de la vicepresidenta Montero de que el Gobierno negociará los
presupuestos del 2021 con Ciudadanos es una señal clara de por dónde ve el
Gobierno que hay que tomar medidas… o sea, respetando las líneas rojas que ha
trazado el capital.
En estas condiciones, el recorrido que se diseña para la “comisión de
reconstrucción”, presidida por el dirigente del PSOE Patxi López, con Enrique
Santiago, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos como
vicepresidente, con todos los grupos parlamentarios… parece ir en el
mismo sentido que los Pactos de la Moncloa en que se inspira, pactos que
significaron un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores y contra
la democracia; el único fin fue consolidar la monarquía corrupta impuesta por
Franco.
La realidad es concreta. La exigencia de reconstrucción, si se quiere que
sea en favor de la mayoría de la población, pasa por poner en cuestión el
dominio absoluto del gran capital y los privilegios del régimen monárquico,
verdadero obstáculo, por su parasitismo y poder arbitrario, para combatir
contra la epidemia y por los derechos.
Un ejemplo actual es claro.
La multinacional Nissan, que se ha embolsado subvenciones públicas
millonarias, quiere simplemente cerrar su factoría de Barcelona y dejar en la
calle a miles de trabajadores. Y puede ser solo el comienzo en un sector como
el automóvil, cuyas ventas se han desplomado, y que ocupa a 570.000
trabajadores y trabajadoras.
¿Qué hacer? ¿Pergeñar, una vez más, los tradicionales planes de
prejubilaciones y demás? Eso solo sería despedir “blandamente”, pero perdiendo
los puestos de trabajo. O dar pasos reales para mantener los puestos de
trabajo: intervenir la empresa y si es necesario nacionalizarla. Esto exige,
evidentemente, la acción decidida de los trabajadores y sindicatos, y no solo
en Nissan, sino en todo el sector… porque Nissan no sería más que la primera.
A esto estamos confrontados. La campaña lanzada por el CATP en torno a
las 14 medidas de urgencia, busca ser un punto de apoyo para exigir que las
organizaciones se coloquen a la cabeza de la movilización, para permitir que
esta pueda expresarse sin otro objetivo que impedir los despidos, defender o
recuperar los derechos, y reconstruir para la mayoría social
(1) nota: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) es un procedimiento mediante el cual una empresa en una
situación excepcional busca obtener autorización para despedir trabajadores,
suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal, cuando
atraviesen por dificultades técnicas, organizativas que pongan en riesgo
la continuidad de la entidad de trabajo.
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