Maracaibo 18-10-2019
Este viernes se cumple el quinto día de movilizaciones en
Cataluña contra la sentencia a entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes
soberanistas que organizaron el referéndum independentista en 2017. La
sentencia conocida el lunes de esta semana fue repudiada por el pueblo catalán
que salió masivamente a las calles y fue objeto de una brutal represión
policial.Hoy reproducimos la Declaración
del Comité Ejecutivo del partido obrero socialista internacionalista POSI de España del 14 de octubre de 2019
Con la confirmación
de lo que muchos se temían, ha acabado el juicio político contra los
republicanos catalanes con la publicación de la sentencia. Los jueces del
Tribunal Supremo han ejecutado el mandato del Rey, explicitado en el discurso
del 3 de octubre de 2017. Entre 13 y 9 años de prisión para cada uno de los
procesados que se encontraban en prisión, y condenas similares de
inhabilitación, para un total de casi 100 años. Penas que llevan añadida la
inhabilitación que les expulsa de los parlamentos para los que habían sido
elegidos y les impide ser candidatos en futuras elecciones. Y ello a pesar de que el mismo Tribunal
Supremo reconoce que no hubo violencia y que incluso los condenados no llevaron
a efecto la ruptura institucional porque solo pretendían presionar para
negociar. Una constatación que sin embargo no ha servido para disminuir las
penas y que constituye un escándalo antidemocrático.
Pero la sentencia no
solo condena a los afectados. Es también una condena a los 2 millones de
personas que votaron el 1 de octubre. Y es una condena también contra todo
aquel que pretenda romper, aunque sea por medios pacíficos, con el orden
constitucional monárquico. Es un aviso para todos los trabajadores y pueblos
del Estado español, para los que defienden la República ante la Monarquía
heredera de Franco. Para quienes defiendan los derechos sociales y democráticos
ante un régimen que los niega.
Representa también
una bofetada contra todos aquellos que defendían que los problemas políticos
hay que solucionarlos en el ámbito de la política. El aparato judicial no
quiere ninguna tregua y los voceros del régimen monárquico ya están utilizando
a fondo la sentencia para exigir un reordenamiento de fuerzas alrededor de
ella. Una especie de «unión nacional» para que se aplique la sentencia y no
haya ninguna «debilidad» democrática. Presionan en ese sentido al presidente en
funciones, que ha adoptado el papel que quiere la derecha franquista de este
país insistiendo en el cumplimiento completo de toda la sentencia.
Sin embargo las
condenas no van a eliminar el problema existente. Una amplia mayoría social en
Catalunya y España exige una solución política, y quieren un gobierno que tenga
el valor de asumir la defensa de esa aspiración, de la misma manera que exige
que se defiendan las pensiones o se derogue las reformas laborales, la ley mordaza
o el artículo 315.3 del código penal. Que tenga el valor de no supeditarse a
quienes solo quieren -y buscan- el enfrentamiento entre pueblos.
En cuanto se ha
conocido la sentencia, miles de personas se han echado a la calle para
protestar. Son la expresión de la indignación y el hartazgo contra un régimen
que ahoga las libertades. Más de un centenar de entidades, particularmente UGT
y CCOO de Cataluña, se han manifestado de manera unitaria en contra de esta
sentencia. Nuevas movilizaciones se preparan.
Todas las fuerzas que
representan a los trabajadores y los pueblos, y las organizaciones sociales han
rechazado –con distintos matices- la sentencia y señalado que hay que buscar
vías políticas para solucionar la “cuestión catalana”. Del otro lado, las tres
fuerzas franquistas (PP, Cs y Vox), la han aplaudido o la consideran incluso
“blanda”. Y con ellas se ha alineado el gobierno.
Esta sentencia al
igual que muchas otras, la de Alsasua, por ejemplo, demuestran que
instituciones fundamentales de este Estado siguen siendo franquistas. Y en
manos de esas instituciones se ha dejado la resolución de un problema político.
Instituciones que no han dudado en enviar a prisión a estas personas por
razones políticas.
El atroz
acompañamiento de la prensa y TV a esta sentencia no acallará la movilización
del pueblo de Cataluña y de los pueblos del Estado español.
El POSI, que desde su
fundación ha luchado contra la Monarquía, por la libertad de los pueblos, por
la República del pueblo y de todos los pueblos, afirma que es urgente crear un
frente común para conseguir la libertad de los ahora condenados, para conseguir
las reivindicaciones. Los trabajadores que vayan a votar el próximo 10 de
noviembre esperan del gobierno que se constituya ponga en libertad a los condenados
y establezca las bases de un diálogo político que abra la puerta a una solución
democrática.
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