Por Clodovaldo Hernández / Supuesto Negado Maracaibo 6-9-2019
La estructura dominante del capitalismo tiene infinidad de recursos para burlar los controles de precios, incluso cuando son producto de un consenso o “acordados”, como se les dice en la Venezuela de la guerra económica.
Hay procedimientos burdos, violentos, criminales, malandros, muy parecidos a un atraco a punta de pistola; y los hay sutiles, lubricados, astutos, criminales también, pero como un robo de mano blanca.
Los mecanismos clásicos del tipo rudo son el ocultamiento del producto para generar escasez y obligar al comprador a aceptar un precio superior al regulado e, incluso, al razonable desde el punto de vista del mercado. De esto, en Venezuela tenemos ya muchas experiencias, la actual con una duración que ya pasa del lustro.
En este tiempo surgió un fenómeno aún más perverso: el bachaqueo, que ha incorporado a la actividad especulativa a densas capas de la sociedad, desde los grandes magnates que dominan el negocio cual capos, hasta los pobres más pobres, pasando por una clase media que comercia bienes en redes sociales con su toquecito sifrino. Todos estos sectores son movidos por un afán de lucro desprovisto de cualquier nivel de piedad por el prójimo, sin asomo de solidaridad, bajo la excusa de que guerra es guerra.
Tras la fijación de los precios de 25 productos, mediante acuerdos con el sector productor, se ha observado un recrudecimiento de estas expresiones de evasión de la norma. El acaparamiento y la escasez artificial se han generado mediante el cierre de los establecimientos durante varios días o semanas. En aquellos que han seguido operando, han reaparecido las largas colas. Muchos productos con precios acordados son revendidos sin control alguno por los bachaqueros.
Una modalidad “creativa” que se ha puesto de moda es que los comerciantes cierran sus locales e instalan tarantines en las calles para vender sin ninguna regulación.
El viejo truco del producto paralelo
El intento de ponerle freno a la inflación inducida mediante la regulación de precios ha tropezado una y otra vez con la capacidad inagotable de los actores económicos para evadir el control.
Uno de los mecanismos más socorridos nace directamente en los oligopolios que fabrican o empacan los rubros de primera necesidad. Se trata de disfrazar los productos para que no tengan las características que los hacen sujetos a regulación o a acuerdo de precios. Esto ha ocurrido reiteradamente en el pasado, y según muchos analistas, ha comenzado a ocurrir de nuevo, luego de la publicación de la lista de precios acordados.
El economista Andrés Giussepe profetiza: “Veo a corto plazo que los 50 productos ‘especificados’ en el marco del Plan 50 y de la Ley de Precios Acordados desaparecerán del mercado. Surgirán bienes complementarios, parecidos a los acordados, es decir, con características que los diferencien de los sujetos a regulaciones estatales. Por ejemplo, desaparecerá la lata de atún de 140 gramos, regulada a 72 bolívares soberanos, y aparecerá atún enlatado de otros tamaños, con vegetales o con otras presentaciones súper más caras que el acordado”.
Para llegar a esta conclusión, Giussepe no navega en el futuro, como un adivinador, sino que rememora lo que ha ocurrido en el pasado, cuando hemos visto la proliferación de harinas de maíz especiales para empanadas; arroces saborizados; milanesas de pollo adobadas; pastas gourmet y paremos de contar.
El punto clave en este caso no es que se pongan a disposición del público tales productos. Eso está bien para quien los quiera y pueda pagarlos. El detalle es que su presencia en el mercado suele acompañarse de la desaparición del rubro en su versión regulada. También se ha vuelto normal que las grandes corporaciones les impongan a los comerciantes la compra de cuotas de los productos no regulados y entonces, los comerciantes trasladan la imposición al consumidor.
Acordados o impuestos
Algunas de las críticas sobre el procedimiento de precios acordados se basan en que en las reuniones, el sector de los compradores de los bienes es representado por los funcionarios del gobierno, mientras los productores y comerciantes se representan a sí mismos. Para muchos, los funcionarios no se esfuerzan lo suficiente y los empresarios terminan imponiendo su criterio. Quienes hacen esta observación piensan que en el debate debería haber una representación más directa de la ciudadanía, aun cuando eso remita a las anteriores experiencias –algunas de ellas traumáticas– de las comisiones tripartitas.
La otra gran crítica es que los precios acordados implican en sí mismos unos enormes incrementos, pero eso no significa que mejore la distribución del producto, sino, por el contrario, que escasee y se formen largas colas.
Juan González, articulista de aporrea.org, lo dice de esta manera: “Las cosas como son, esa lista de 25 artículos presentada ayer miércoles no se corresponde a ningunos ‘precios acordados’; es una lista de ‘precios impuestos’ por el mercado capitalista”.
A su juicio, “los capitalistas no tendrán freno moral alguno que les impida intentar maximizar sus ganancias, como lo han venido haciendo todo este tiempo. En la lógica del libre mercado, si más personas tienen posibilidades de pagar, más facilidades existen para que los precios se incrementen. El papel del Estado es el de evitar que en el corto y mediano plazo se imponga esta lógica, que en poco tiempo pulverizaría de nuevo los sueldos y salarios”.
Arranque y envión
Otro cuestionamiento que se oye en las calles y en las redes sociales acerca de la política de precios acordados es que funciona como un incremento en dos tiempos: antes de sentarse a “acordar” precios, los empresarios procuran haberlos llevado hasta su máximo nivel posible, pues saben que ese será su punto de partida. Luego, en la negociación a veces logran incrementos brutales, como pasó con la sardina y el detergente en polvo.
Es una especie de arranque y envión, como los movimientos que se hacen en el deporte del levantamiento de pesas. Para colmo, luego de que el precio resulta acordado, el rubro desaparece o escasea y los precios de los bienes no sometidos a regulación se disparan aún más.
Las sanciones como costo
El sistema de control de precios tropieza con grandes dificultades. Una de ellas es la falta de personal suficiente para fiscalizar en todo el país. Tampoco ayuda la ineficiencia y la corrupción de algunos de estos funcionarios.
Pero incluso cuando todo opera como debe ser, el sistema puede resultar muy ineficiente respecto a su objetivo de frenar los incrementos de precios. Esto es así porque muchos empresarios han asumido las multas y hasta los cierres temporales como parte de su estructura de costos. Pagan las cantidades estipuladas, cumplen los cierres y luego aumentan todavía más los precios para compensar el lucro cesante.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha dicho que frente a esa descarada forma de actuar, lo único que puede hacer el gobierno es aplicar penas de cárcel. “Ellos solo entienden cuando los meten presos. ¡Pues habrá que meterlos presos!”, dijo en uno de sus programas de televisión.
La Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha tomado este tipo de medidas en varios casos durante las últimas semanas con el típico resultado de la victimización, la solidaridad automática de los grandes medios de comunicación y la amenaza de mayor escasez por culpa de “la hostilidad contra el sector privado”.
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