Después de la movilización masiva de una gran parte
del pueblo catalán para votar el primero de octubre (cerca de 3 millones de
personas), las manifestaciones, asambleas, incluso movimientos de huelga,
prosiguió el lunes y el martes. Mientras escribimos, nuevas
manifestaciones están siendo convocadas en el centro de todas las ciudades de
Cataluña.
Al mismo tiempo, llegan múltiples posicionamientos
de todos los pueblos de España contra la represión ejercida por el gobierno de
la monarquía.
Rajoy se reunió desde el lunes con el secretario
general del PSOE y el Partido de la Ciudadanía para intentar una decisión
común, lo que no fue posible. Sanchez (PSOE), aunque apoyando al gobierno
central, exigió una negociación política. Varios portavoces del aparato de
Estado, como el diario monárquico ABC, piden que el gobierno invoque el
artículo 155 de la Constitución, es decir, la suspensión de las instituciones
catalanas.
Por su parte, el gobierno catalán exigió una
mediación de la Unión Europea, evitando recurrir a los demás pueblos de
España. También anunció el resultado del plebiscito así como la
convocatoria próxima de una sesión del Parlamento catalán para eventualmente
proclamar la independencia. Después, el martes, llamó a todas las clases
sociales a una huelga cívica en apoyo a su política. Las escuelas, los
colegios y las universidades quedaron cerrados.
Una buena parte del comercio y de los servicios
públicos también cerró y, principalmente el pequeño campesinado, mantiene
bloqueadas 51 caminos de Cataluña. Los cuarteles centrales de la Guardia Civil
y de la policía nacional están rodeados por los manifestantes.
Las dos confederaciones mayoritarias, la UGT y las
Comisiones Obreras (CCOO), protestaron contra la represión policial,
participaron en las asambleas, pero no apoyaron la huelga cívica, temiendo que
sea utilizada políticamente por el gobierno catalán.
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