España:
La crisis del PSOE y la crisis del régimen
En estos días, lo que algún
comentarista de la propia prensa burguesa ha calificado de “crisis
irreversible” del régimen se intensifica bajo diversas formas, afectando a
todas las instituciones, agarrotadas como hemos analizado en anteriores Cartas.
Y también a las principales formaciones políticas que desde los Pactos de la
Moncloa del 25 de octubre de 1977 acordaron con el aparato de Estado el orden
constitucional, que es lo que queremos tratar hoy.
En aquel tiempo, los
dirigentes del PSOE, del PCE, del PNV y del nacionalismo catalán y por otro
lado los representantes del aparato franquista llegaron a un acuerdo que
suponía la continuidad del aparato judicial, militar y represivo del franquismo
así como el reconocimiento de las organizaciones y de las libertades
democráticas que el movimiento obrero ya había arrancado con su lucha. Una
contradicción a la larga insostenible.
Hoy es evidente la crisis
del PP, representante directo del aparato de Estado franquista, su dislocación
refleja la de las instituciones, y la podredumbre del régimen se manifiesta en
la proliferación de escándalos de corrupción que le afectan de arriba abajo
(algún comentario jocoso ha venido a señalar que la foto del juicio de la Gurtel
parece una recreación de la foto de boda de la hija de Aznar, con los mismos
invitados, voluntarios entonces y ahora forzosos).
¿Y qué ha sido de los que
ocupaban el otro lado de la mesa de los pactos de la Moncloa?
El PCE de Carrillo, que por
su mayor fuerza organizada en aquellos momentos, hubo de poner más carne en el
asador para defender al régimen, fue el primero en pagar su actuación con una
crisis profunda, de la que no ha conseguido recuperarse desde entonces.
Entre los regionalistas, en
el último año hemos visto cómo el naufragio del Estado de las Autonomías
provocaba la voladura de Unión Democrática de Cataluña y el intento de
reconvertir Convergencia en partido independentista.
Pero el acontecimiento
fundamental es la gravísima crisis que atraviesa el Partido Socialista. Algunos
de los comentaristas políticos más lúcidos señalan que lo que estamos viviendo
no es una simple crisis del PSOE, sino una manifestación de la crisis del
régimen. Éste está estallando por uno de sus eslabones débiles: la vinculación
a la Monarquía decidida por la dirección del PSOE en su crisis del 79, momento
en que el grupo liderado por Felipe González tomó el control del aparato. A
partir de ahí, durante 37 años ese aparato, en las instituciones, ha vivido en
simbiosis con el aparato de Estado franquista, al servicio del capital. Sin
embargo, en todos los pueblos del Estado español trabajadores, jóvenes,
demócratas han seguido acudiendo al viejo partido obrero para combatir al
capital y a los franquistas.
Esta contradicción ha
estallado a partir del giro de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 contra los
trabajadores y de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto
catalán en junio, que han significado la ruptura de buena parte de sus bases
con el Partido Socialista.
Pero al ser derrotado Rajoy
en diciembre del año pasado el movimiento obrero y popular exige al PSOE que
encabece la ruptura con la política seguida, y en cambio el salvamento del
régimen exige al PSOE una alianza estrecha con el PP. El aparato se divide,
Pedro Sánchez afirma el compromiso con los trabajadores y aspira a negociar con
los pueblos, se niega a que el PSOE sea subalterno del PP, mientras Felipe
González y quienes le siguen exigen la alianza con el PP para profundizar los
recortes y enfrentar a los pueblos.
Todos los equilibrios del
régimen están temblando
Poco después del Comité
Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, se hizo público un supuesto
informe del Centro Nacional de Inteligencia que daba cuenta de un supuesto acuerdo
de Sánchez con los nacionalistas para formar un gobierno que derogaría todas
las reformas y que aceptaría la convocatoria de un referéndum en Cataluña. Una
filtración interesada que no es otra cosa que una provocación del CNI -es
decir, de uno de los núcleos fundamentales del aparato de Estado- que buscaba
precisamente forzar la defenestración de Pedro Sánchez para cerrar la vía
siquiera a esta posibilidad.
Sin embargo, como titula
esta semana Información Obrera, “Los trabajadores y los
pueblos no renuncian a sus reivindicaciones”. Y contra lo que han dicho
algunos agoreros que se han apresurado a dar la cuestión por cerrada, esa lucha
de la clase trabajadora contra las contrarreformas y recortes impuestos por el
gobierno de Rajoy según los dictados del capital financiero –manifestación de
la lucha de clases– sigue expresándose dentro del Partido Socialista. Lo que
hace difícil la tarea de la recién nombrada Gestora, que no es otra que imponer
al conjunto del PSOE la aceptación de un nuevo gobierno del PP, como primer
paso para colaborar –“críticamente”– para que ese gobierno pueda cumplir con
las misiones que el capital le ha encargado. Y así Rajoy ha decidido no seguir
apretando para exigir un “Pacto de Gobernabilidad” –como habían dejado caer
algunos de sus lugartenientes– porque teme que eso pueda dar alas a la rebelión
socialista. Pero a la vez se reconoce que Rajoy y Javier Fernández están
negociando –a espaldas de los afiliados, instancias y votantes del PSOE–. Un
comentarista con el que no tenemos afinidad indica que “tal vez lo más
importante del guión que Mariano Rajoy y los acólitos de Susana Díaz acaben
aprobando sean los espacios de discrepancia. ¿Cómo proporcionar estabilidad sin
abandonar la oposición? […] Los (nuevos dirigentes) socialistas tienen un
gravísimo problema y necesitan espacios de autonomía u de iniciativa para
paliarlo.”
Efectivamente, la rebelión
socialista se ha extendido tras el Comité Federal como mancha de aceite. Una
rebelión que no es sino la continuidad de lo aprobado en numerosos congresos e
instancias sindicales, tanto de UGT como de CCOO: ¡No dejéis gobernar a Rajoy!
En esta rebelión destacan, por el momento, dos iniciativas socialistas
paralelas y en cierta medida complementarias: una iniciada por el alcalde de
Jun (Granada), que busca recoger 90.000 firmas de militantes (la mitad del
total de inscritos), pidiendo la celebración inmediata de unas primarias y la
convocatoria de un Congreso extraordinario, y que según los promotores, este
lunes tenían recogidas 64.892 firmas. Al mismo tiempo, la corriente Izquierda
Socialista ha lanzado una iniciativa que reclama la celebración de una consulta
vinculante a los militantes sobre la votación ante una nueva investidura de
Rajoy. Todo esto cuando el Comité Federal, órgano que debería decidir qué
hacer, en el momento que escribimos estas líneas, aún no ha sido convocado.
Por tanto, a pesar de lo que
han dicho Pablo Iglesias y Alberto Garzón, a pesar de la ayuda que algunas de
sus declaraciones prestan a Rajoy y a Susana Díaz, a pesar de que ellos parecen
retirarse a sus problemas internos, las espadas siguen en alto también en las
filas socialistas.
No es problema interno del
PSOE, el No es No pertenece a todo el movimiento obrero
Como no es un asunto
simplemente socialista, lo debemos poner en relación con el conjunto de la
situación política.
Por un lado la aceleración
del enfrentamiento en Cataluña, en un momento en que la mayoría del Parlamento
Catalán ve que las posibilidades de diálogo con un gobierno en Madrid
disminuyen, y cuando el aparato judicial, sincronizado y a una con el Gobierno,
pide el procesamiento, a la vez, de la Presidenta del Parlamento de Cataluña,
Carmen Forcadell, y del diputado en Cortes Francesc Homs.
A la vez, empiezan las
sesiones del juicio del caso Gurtel, que no goza de las primeras páginas por
voluntad de los medios de comunicación que se esfuerzan por proteger a Rajoy,
pero que muestra la descomposición y podredumbre del PP, y cuyo desarrollo
puede dar lugar a nuevas revelaciones que comprometan aún más al conjunto del
Partido Popular. El PP se revuelve tratando incluso de que se dé carpetazo a la
causa.
Por otro la división que
atraviesa Podemos, que al menos en parte se debe a la posición adoptada por el
grupo de Pablo Iglesias ante la crisis del PSOE. Mónica Oltra, vicepresidenta
del gobierno valenciano y dirigente de Comprimís, una de las formaciones
aliadas de Podemos, ha expresado su rechazo a la idea de entregar al PP los
gobiernos autonómicos y los Ayuntamientos en caso de que el PSOE con su
abstención entregue el gobierno del Estado al PP. Lo mismo que ha dicho Rita
Maestre desde el ayuntamiento de Madrid.
No olvidemos que todo esto
sucede en el marco de una situación internacional de desbandada, con amenazas
de un nuevo rebrote de la dislocación del sistema bancario (en particular, en
Alemania, Italia y Portugal), mientras que la Unión Europea, en crisis, es un
coro desafinado. No es casual que el próximo miércoles una misión del FMI
visite España: la situación exige que el FMI actúe directamente.
La preocupación del capital
financiero es clara: cómo mantener todas y cada una de las contrarreformas y
continuar con otras nuevas. Y para ello pide que se parchee el régimen al mismo
tiempo que sus exigencias lo desangran.
En esta situación, entendemos
que es deber de todo militante ayudar desde su posición a que se exprese la
lucha de clases, es decir, la lucha por las reivindicaciones. Lo que incluye
mantener, extender, continuar el No es No.
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