prensa colectivo trabajo &juventud alberto salcedo
Una de las primeras exigencias propuestas que los empresarios , han planteado a nueva asamblea nacional controlada hoy por la derecha , la derogación
de la Ley de Precios Justos, en el
documento presentado por Fedecámaras y
Consecomercio, titulado "Ley para el incremento de la productividad"
y "Ley de abastecimiento pleno".
Proponen eliminar toda
"acción punitiva" contra "empresarios" como la
"privación de libertad", pues en teoría "inhiben" la
productividad. Delegan en una hipotética ley titulada "Ley de protección y
educación al consumidor" el regreso de normas anteriores a la Ley de
Precios Justos, sin hacer mención alguna a la penalización de irregularidades,
y sin tampoco mencionar controles que hoy existen a ganancias exorbitantes,
prácticas especulativas y crímenes económicos como el contrabando,
acaparamiento y saboteo de las redes de suministro.
Tan tonto la MUD y empresarios de manera
contradictoria se han referido sobre este tema, entre derogación y reforma, los patronos ha sido tajante: derogar la Ley de Precios
Justos. Las contradicciones sobre lo que harán con la ley da cuenta de que no
se han puesto de acuerdo de por dónde van a comenzar a morder el pastel. En
todo caso, tratándose de una reforma o sustitución por otra, dicha ley impondrá
los parámetros propios del neoliberalismo económico, dejando a la suerte del
"libre mercado" el destino de los bolsillos del pueblo trabajador y
su familia. Está así estipulado en el documento "Agenda Legislativa
2015", de la MUD
Los
márgenes de ganancia empresarial
Eliminar topes de ganancias.
La actual Ley de Precios Justos regula (colocando un techo de 30%), como sucede
en muchísimos países del mundo, los topes de ganancias empresariales. La
burguesía venezolana se ha resistido total y frontalmente a esta norma,
acostumbrados a obtener ganancias desde el 100% al 800% sobre sus costos de
producción, importación y distribución. Derogar la ley implica que no van a
encarecer productos sólo para aumentar la productividad, sino para liberar
topes de ganancias desde importadores, productores, intermediarios y vendedores
finales
El
Desmontar las fiscalizaciones
Sin ley no hay
fiscalizaciones. El futuro de la Sundde está en entredicho. Más de 5 mil
fiscalizadores(as) podrían perder su empleo. Pero lo que hay detrás de la
derogación es la eliminación de toda norma que permita regular las prácticas de
las empresas privadas como el acaparamiento, practica muy usual de los
comerciantes chinos re marcaje de precios,
montos especulativos , política empresarial
que ataca el salario de los trabajadores, convierten los aumentos salariales en
sal agua. La Ley y la Sundde se ocupan
de penalizar y sancionar el acaparamiento, la especulación, entre muchos otros
delitos contra la gente.
Desgraciadamente la Sundde
no ha sido totalmente efectiva en vencer la guerra económica, le es imposible
por sí sola, ningún país tiene institución alguna que pueda regular y sancionar
todo el entramado de la economía privada que sabotea y se enriquece aumento su margen de ganancias, de manera
articulada y simultánea.
El paquete chileno del Dólar paralelo
La Ley de Precios Justos
penaliza la desproporción de precios en
cálculos basados en el dólar paralelo. No se reconoce esa tasa, ni en
componentes importados de las estructuras de costos, ni en los precios finales
al consumidor de los productos, incluso los que no están regulados por no ser
considerados esenciales. La referenciación de precios en la calle a dólar paralelo
es expresión de especulación. Si se despenaliza usar el paralelo como
"marcador de precios", la especulación y desproporción a precios del
paralelo, será institucionalizada y robar al pueblo de esa manera no tendrá
penalidad alguna, generando más inflación provocada.
Derogar la ley implica
aumentar las cuotas de privilegios de los actores detrás de la especulación del
dólar paralelo, pues es como si la mafia detrás de Dólar Today tuviera el poder
ahora en el parlamento para legitimar sus actos de enriquecimiento ilícito en
detrimento del pueblo trabajador.
Las
providencias administrativas que fijan precios
.
En la ley actual todo producto regulado tiene
el precio que tiene porque la Sundde fija ese precio luego de estudios
exhaustivos a las estructuras de costos de producción, importación y
distribución. Son precios basados en acuerdos con actores económicos y
establecen el 30% de ganancia tope. Desmontando la ley, pierden sentido las
providencias y los precios son liberados. Es decir, el Estado perderá toda
facultad de hacerle frente a la empresa privada y acordar e imponer precios justos
para proteger los salarios de los trabajadores y sectores más excluidos de la sociedad.
Esto implica el sometimiento de la gente a los designios del capital privado
sin que el Estado tenga facultades para hacerles frente.
Productos
sin precio rotulado. (PDJ)
Un argumento recurrente que siempre usan los
empresarios es que marcar en los
empaques de los productos los precios máximos "inhibe" que hayan
ofertas. Lo cierto es que los trabajadores hace décadas no sabemos lo que es realmente
eso, menos todavía en productos esenciales. El planteamiento empresarial indica que un producto sin precio marcado
tendrá una "fluctuación de su valor de acuerdo a la oferta y la
demanda". En Venezuela eso no aplica. Lo habitual en la realidad es que si
un producto no está marcado se vende a precio cartelizado y exorbitante. Ante
esa situación es más difícil que la gente por sí sola pueda defenderse de la
especulación en las ventas al detal. La gente tendrá que pagar lo que les
cobren, sin posibilidades de reclamo. La derecha insiste que regular precios (y
marcarlos) es una afrenta para ellos, y he ahí que la norma de marcaje puede
ser desmontada.
El pueblo trabajador,
independiente desde cualquiera de sus
posiciones políticas, debe estar alerta y estar claro de lo que puede venir. Si
se implementa lo que ya se anuncia -un paquete
legislativo ordenado por Fedecámaras- la derecha empresarial empujará al país
entero a nuevos escenarios de confrontación y conflicto de poderes. Porque la derogación
de esta ley afectaría a todos los trabajadores que vivimos del salario, por lo
tanto, es tarea de todas las organizaciones sindicales que represente los interés
de sus afiliados defender y movilizarnos en defensa de estas leyes
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