Venezuela: Ley de Precios Justos establece protección laboral a trabajadores en empresas sancionadas
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| A64 toneladas de alimentos regulados de la cesta básica fueron incautadas en un galpón clandestino en la Ciudad de San Félix, en el estado Bolívarñadir leyenda |
Cualquier establecimiento, industria, empresa o comercio que fuera
sancionado con la normativa de cierre temporal por haber incurrido en algún
ilícito establecido en la Ley de Precios Justos estará obligado a continuar
pagando los salarios a sus trabajadores por el tiempo que dure la medida
Cualquier establecimiento,
industria, empresa o comercio que fuera sancionado con la normativa de cierre
temporal por haber incurrido en algún ilícito establecido en la Ley de Precios
Justos estará obligado a continuar pagando los salarios a sus trabajadores por
el tiempo que dure la medida.
Así lo establece el
instrumento legal que entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta
Extraordinaria N 6.202 de fecha 8 de noviembre, donde indica además que la
empresa también tendrá que cumplir con el resto de sus obligaciones laborales y
de seguridad social por el tiempo que dure la medida de cierre temporal, reseñó
AVN.
De igual, se faculta al
Ministerio del Proceso Social para el Trabajo para aplicar los procedimientos
administrativos establecidos en la legislación laboral "para impedir que
se violen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores", en caso de
que persista el cierre del negocio, impidiendo la continuidad de la actividad
económica en perjuicio de la clase obrera.
La determinación de
infracciones y su posterior sanción en este caso de cierre temporal
corresponderá única y exclusivamente a la Superintendencia para Precios Justos,
quien atenderá a criterios de objetividad, equidad, proporcionalidad y
racionalidad al momento de tomar la medida.
Con esa especificación, la
nueva reforma de la Ley de Precios Justos no solo impulsa las bases para una
política integral de precios justos, sino que ampara y protege a los
trabajadores del país en base a lo establecido en las leyes venezolanas.
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