Se han aprobado los Presupuestos del
Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, todos
ellos adaptados a la reforma de la Constitución que impone el pago de la
deuda y de sus intereses por encima de cualquier gasto social y de los
salarios de las plantillas del sector público. Unos presupuestos, por
tanto, que en todos los casos consolidan y profundizan los recortes en
los servicios públicos y mantienen la congelación salarial, los recortes
de derechos y la reducción de plantillas de los 2.500.000 empleados y
empleadas públicos. Y que suponen una subida ínfima del 0,25% para las
pensiones (es decir, una nueva pérdida del poder adquisitivo de los y
las pensionistas)
Pocos días antes de empezar el mes, el
28 de noviembre, el Congreso aprobaba definitivamente la Ley Wert. El 19
de diciembre se aprobaba la reforma de las pensiones. El 21 de
diciembre se aprobaba el Decreto Ley 16/2013, que supone una mini
reforma laboral y el 27 de diciembre, la nueva Ley de Administración
Local, que supone, en palabras de Montoro, un recorte de 7.129 millones
de euros en los gastos de ayuntamientos y diputaciones. Y el 27 de
diciembre se aprobaba una nueva congelación del salario mínimo (que ha
subido, en los tres últimos años, un ridículo 0,6%).
Además, en diciembre el Gobierno daba a
conocer el proyecto de reforma del Código Penal y el de la Ley de
Seguridad Ciudadana y anunciaba una ley de servicios mínimos contra las
huelgas, tres normas que supondrían, si se aprueban, gravísimos recortes
a los derechos de manifestación, expresión, reunión y huelga,
arrancados en la lucha contra el franquismo y a la muerte del dictador.
Para terminar el mes, el 28 de diciembre se hacía público el
anteproyecto de ley contra el derecho al aborto.
Y el 19 de diciembre, la campaña contra
los sindicatos llegaba a su culmen (por el momento) con la ocupación por
parte de 60 agentes de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez
Alaya, de la sede de UGT de Andalucía.
Todo ello a manos de un gobierno cuya
gestión desaprueba, según las encuestas, el 78% de los ciudadanos y cuyo
miembro mejor valorado (la ministra Ana Pastor) cuenta con una
aprobación del 32% (que es el triple casi del 13% que aprueba a Wert o
Gallardón).
Ante estos datos, cabe preguntarse ¿cómo
es posible que suceda esto? Una cosa está clara: si el movimiento
obrero no se une para hacer frente a esta marea reaccionaria, van a
acabar con todas las conquistas sociales, laborales y democráticas. Y
con las organizaciones de los trabajadores. Es decir, van a llevar a
cabo el programa de Franco, sin necesitar de resucitar al dictador.
De la pasividad de los dirigentes de CCOO y UGT…
Las escasas, dispersas y divididas
movilizaciones de los empleados y empleadas públicos contra su nueva
congelación salarial, que han congregado un público francamente
reducido, convocara quien convocara (en la mayoría de los casos ha
habido convocatorias por separado de UGT y CCOO, de la CSIF, de los
sindicatos corporativos y de los sindicatos “más de izquierda”)
mostraban en los rostros de las personas participantes hartazgo,
decepción y hasta resignación. Y es que se trataba, en el conjunto de
convocatorias, de una respuesta ritual que parecía buscar sólo hacerse
una foto con la pancarta, y en ningún caso buscar la unidad para
conseguir una movilización eficaz que pudiera derrotar a los recortes de
los gobiernos.
Sin duda, ha habido declaraciones de
rechazo de los dirigentes. Pero los trabajadores y trabajadoras no
esperan de sus organizaciones que se dediquen a comentar la situación
(por contundentes y radicales que puedan ser los comentarios), sino que
trabajen para cambiarla.
Sin embargo, los dirigentes de UGT y
CCOO parecen estar impregnados de la “doctrina Rubalcaba”: no hay que
preocuparse, porque todas estas leyes serán derogadas en 2016, cuando el
PP pierda las elecciones de 2015. O sea, que hay que tragárselas hasta
2016. Y hasta entonces, nada de organizar la movilización unida y
contundente que podría echar atrás todos estos ataques y
contrarreformas. O sea, dejarlas pasar con la promesa de que en 2016 se
eliminarán.
Podrán decirnos que la culpa es de los
trabajadores y trabajadoras, de su “pasividad” de su “falta de repuesta”
a las convocatorias. Ahí están las movilizaciones masivas de la
enseñanza o la exitosa huelga de los barrenderos y jardineros de Madrid
para desmentir semejantes argumentos: la gente responde cuando la
convocatoria tiene objetivos claros y ve voluntad de los dirigentes de
las organizaciones de ir hasta el final. Y cuando puede, impone la
unidad.
Naturalmente, muchos afiliados y cuadros
de UGT y CCOO se impacientan, piden otra política, se estrellan –por el
momento– contra la falta de una corriente organizada que recoja estas
aspiraciones dentro de sus organizaciones.
… a las maniobras de los sindicatos “rojos”
Muchos trabajadores, y especialmente
muchos jóvenes, indignados con la pasividad cómplice de Toxo y Méndez,
buscan cómo cambiar la situación. Y aquí intervienen los dirigentes de
CGT, SAT… los sindicatos “radicales”.
Una propuesta se ha levantado: una gran
marcha “por la Dignidad” para el 22 de marzo, con la intención declarada
de congregar en Madrid a un millón de personas. Sus objetivos
declarados, “no al pago de la deuda ilegitima, defensa de los
servicios públicos, rechazo de todos los recortes y empleo o renta
social garantizada”. No vamos a discutir ahora sobre estas
propuestas (aunque el término “deuda ilegítima” nos suscita la duda de
si existe una “deuda legítima” que justifique los sacrificios de
salarios y servicios públicos), pero sí se nos plantean algunas
cuestiones.
Vaya por delante que la idea de una gran
marcha unitaria a Madrid que concentre la lucha contra todos los
recortes nos parece muy interesante. Pero sólo puede ser útil si de
verdad es una marcha unitaria, que agrupe al conjunto de los
trabajadores con su organizaciones. Y parece que no es este el objetivo
de sus organizadores.
Esa propuesta de marcha podría ser una
oportunidad para avanzar hacia la necesaria unidad, o convertirse en un
obstáculo para la misma. Depende de cómo se plantee. Compañeros de
Andalucía que han asistido a la presentación de la marcha que han hecho
responsables del SAT en algunas localidades, nos hacen llegar datos
francamente preocupantes. En lugar de hacer un esfuerzo real para que
participen todos los sindicatos (lo que exigiría dirigirse desde todas
partes a los dirigentes de UGT y CCOO para que convoquen y encabecen esa
movilización) se ha dicho que “en ningún caso se permitirá” la
presencia de los dirigentes de UGT y CCOO en la marcha en igualdad de
condiciones con otras organizaciones. Y nos preguntamos ¿cómo es posible
una unidad que deje fuera a los dos millones de afiliados y los más de
200.000 delegados de CCOO y UGT, es decir, a la inmensa mayoría de
trabajadores sindicados y de activistas sindicales? ¿No se abre el
peligro de que la marcha se convierta en una marcha contra UGT y CCOO y
por tanto, contra la unidad de la clase trabajadora, al grito de “dónde
están, no se ven, CCOO y UGT”? ¿No es eso contradictorio con la unidad
que necesitamos para derrotar al Gobierno y que hasta ahora no ha sido
posible?
¿Unidad por la base?
Alguno nos responderá que los militantes
de UGT y CCOO no tienen prohibida su presencia en la marcha, que se
trata de buscar la “unidad por la base”. Pero el movimiento obrero tiene
una larga experiencia de qué supone eso. La “unidad por la base”, el
“frente único por la base” fue la táctica nefasta aplicada por los
dirigentes del PC alemán bajo el dictado de Stalin en los años 30 para
negarse a luchar por la unidad de comunistas y socialdemócratas contra
la amenaza del nazismo. El resultado fue, como todos sabemos, la
victoria de Hitler, el aplastamiento de los obreros alemanes. ¿Vamos a
repetir a otra escala una experiencia nefasta, que llevó a la clase
trabajadora a las más duras derrotas?
Para los trabajadores, para todos los
sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos que sufren la
opresión de la Monarquía, no hay salida realista si no es a partir de la
exigencia de la unidad de todas las organizaciones que se reclaman y
tienen su origen en el movimiento de la clase obrera y en el movimiento
de emancipación de los pueblos en torno a una salida democrática. Y esto
implica en lo inmediato recoger las reivindicaciones más sentidas:
retirada de todos los planes de ajuste y privatización, retirada de las
leyes antidemocráticas, defensa de los sindicatos y derecho de
autodeterminación de los pueblos. Este es el combate que corresponde a
las necesidades de la mayoría.
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