AEl secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson,y ex gerente
general de ExxonMobil |
Por: William Serafino
Maracaibo 14 -6 -2017
La empresa petrolera más
grande del mundo ha invertido importantes recursos en derrocar al Gobierno
venezolano.
El dato temporal
Es 18 de abril. El clima
político está signado por la densidad que impone el tono altamente
confrontativo y pre-bélico de la oposición venezolana un día antes de una
actividad ("Plantón") convocada en varios estados del país, donde
nuevamente proyectaban hechos de violencia, destrozos y choques con las fuerzas
de orden público.
El presidente Nicolás Maduro
toma la palabra a horas de la noche desde Miraflores. Junto al jefe del
CEO-FANB y Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, el
vicepresidente Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, anuncia la activación del
Plan Zamora para garantizar el orden y seguridad interna de Venezuela.
La decisión fue motivada por
un comunicado del Departamento de Estado de EEUU, publicado esa misma noche. En
el texto apoya abiertamente la violencia generada por grupos de choque
afiliados a la agenda opositora durante "El Plantón", intimidando a
actores claves de la institucionalidad militar y judicial venezolana de
permitir estos hechos para evitar ser objeto de sanciones a futuro.
Entre otros elementos
importantes el texto acusó -sin ninguna prueba- al aparato de seguridad,
específicamente al Cicpc y al Sebin, de hacer uso de la tortura y a los cuerpos
de seguridad del Estado de avalar la incursión de "los colectivos" en
"la represión" de los manifestantes.
"El Plantón" del
antichavismo el 19 de abril dejó cuatro personas asesinadas en distintos
estados del país, entre ellos un sargento de la GNB en San Antonio de Los
Altos.
¿Quién
es el mandamás del Departamento de Estado de EEUU?
El actual Secretario de
Estado de Estados Unidos -mandamás de la política exterior- es Rex Tillerson,
ex gerente general de ExxonMobil. Tillerson ocupó el máximo puesto directivo de
la empresa cuando el ex presidente Hugo Chávez tomó la decisión de nacionalizar
la Faja Petrolífera del Orinoco donde ExxonMobil tenía importantes proyectos.
Bajo el mando de Tillerson
la empresa estadounidense decidió no renegociar sus proyectos petroleros como
el de Cerro Negro en Monagas con la estatal Pdvsa, a partir de las nuevas
directrices de la nacionalización. ExxonMobil demandó a Pdvsa ante el Ciadi
-Tribunal del Banco Mundial encargado de resolver diferencias relativas a
inversiones-, buscando obtener una indemnización de 20 mil millones de dólares
inicialmente en el año 2007.
Luego de casi una década de
choques legales, revisiones y apelaciones a distintos fallos, el 10 de marzo de
2017 el Ciadi decidió que la demanda de ExxonMobil contenía visos de
irregularidad y liberó a Pdvsa de pagar las indemnizaciones solicitadas.
ExxonMobil sufrió quizás la mayor derrota legal de su historia con este fallo a
favor de Pdvsa.
ExxonMobil -así como
cualquier otra empresa de estatura global con origen en Estados Unidos-
contrata políticos para que ejerzan influencia a lo interno de la estructura de
gobierno de Estados Unidos en función de sus intereses. El llamado cabildeo (o
lobby) es totalmente legal en este país y las empresas que buscan modificar o
aprobar leyes para su beneficio (exención de impuestos, eliminación de regulaciones,
subvenciones del gobierno federal, etc.) pagan grandes sumas de dinero a
políticos (en su gran mayoría republicanos en el caso de ExxonMobil) y firmas
de lobby.
Según Open Secrets, nada más
en el ciclo 2016, ExxonMobil invirtió recursos financieros en más de una
veintena de políticos con estos fines. Entre ellos se encuentran Donald Trump
(actual presidente de los Estados Unidos, quien designó a Rex Tillerson como
Secretario de Estado) con 25 mil 461 dólares, Marco Rubio con 17 mil 701 dólares
y Ed Royce con 7 mil 500 dólares.
Marco Rubio (Senador por el
estado de Florida) y Ed Royce (representante por California) no sólo han hecho
de las sanciones contra Venezuela un punto clave dentro de su agenda
legislativa, también se han reunido -en varias oportunidades- con dirigentes de
la oposición venezolana (Luis Florido, Lilian Tintori, Freddy Guevara, entre
otros) para darles apoyo político y aval diplomático a la agenda de
derrocamiento que dirigen en el terreno.
Ley
S.3117: apoyo financiero a la oposición venezolana
Según el mismo portal Open
Secrets, durante 2016 ExxonMobil fue una de las empresas que pagó (la página no
especifica el monto) por el cabildeo de la ley S.3117 (Departamento de Estado,
Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Ley de Asignaciones de
2017), la cual establece los fondos y objetivos políticos de las operaciones
del Departamento de Estado en países claves para Estados Unidos.
El dinero filtrado a
agencias como la NED o la Usaid parten de ese instrumento legal. El 3 de mayo
de 2017, bajo el mando del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan
(otro político financiado por ExxonMobil en 2016 con 14 mil 025 dólares), la
ley fue sancionada.
El patrocinante de esta ley,
encargado de presionar por su ejecución acorde a las directrices de sus
financistas, fue el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham,
según la página oficial del Congreso de Estados Unidos.
En el informe del Senado
sobre la ley, se destaca la importancia de que el Departamento de Estado de
EEUU financie grupos opositores venezolanos (bajo la cobertura de ONGs de la
sociedad civil) con 5 millones 500 mil dólares y otros fondos adicionales para
llevar a cabo reformas políticas y económicas en el país latinoamericano. A su
vez plantea la importancia que "las organizaciones regionales desempeñan
en el fomento de las reformas en Venezuela, en particular la Organización de
los Estados Americanos", además de aumentar los apoyos de la Iniciativa de
Seguridad Energética en el Caribe para incidir negativamente en las alianzas
políticas y petroleras de Venezuela con el Caribe.
El Secretario de Estado Rex
Tillerson, en consonancia con el documento, comentó el 20 de abril:
"Estamos observando de cerca lo que ocurre en ese país y trabajando con
otros, especialmente a través de la OEA, para comunicarles nuestras
preocupaciones", seguramente refiriéndose a Luis Almagro como enlace y
operador clave de la estrategia de presión gringa desde la OEA.
Particularmente el bloque
caribeño ha impedido que los aliados de EEUU desde dicha organización
consoliden definitivamente el aislamiento internacional de Venezuela.
Pero el ataque contra
Venezuela por el Caribe pone de manifiesto una clave geopolítica: Petrocaribe
es una instancia que Estados Unidos necesita derribar con urgencia no sólo para
quebrar las alianzas internacionales de Venezuela, sino para transformar al
Caribe en un poderoso puerto de importación de gas licuado estadounidense
(ExxonMobil es una de las principales empresas exportadoras), que conlleve a la
dominación energética y geopolítica del continente. El golpe contra Venezuela
es una maniobra para asegurar al continente como zona de influencia exclusiva
ante la penetración de capitales e inversiones rusas y chinas
.
.
Destaca que Graham durante
la visita oficial de Juan Manuel Santos a la Casa Blanca a mediados de mayo,
ofreció públicamente armamento de guerra a Colombia tanto para disuadir a
Venezuela como para preparar al país vecino ante un eventual "emergencia
humanitaria" o conflicto armado.
Intereses
en el petróleo venezolano
Como fue comentado en este
portal anteriormente, las reservas de petróleo de ExxonMobil han sufrido
grandes reducciones producto de las sanciones contra Rusia y el envejecimiento
de pozos estratégicos en Medio Oriente, realidad que afecta su capitalización
bursátil y su dominio sobre el mercado petrolero.
Esta urgencia lleva a
ExxonMobil a buscar bajo mecanismos extralegales conquistar las ingentes
reservas de petróleo y gas ubicadas en el Esequibo utilizando al gobierno
guyanés, zona reclamada por Venezuela como parte de su soberanía territorial
ante la ONU.
Pero sin lugar a dudas la
incesante búsqueda por explotar esos petróleo y gas expresa el objetivo
superior de recolonizar la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo el formato de
apertura petrolera que dominó en Venezuela durante la última etapa del siglo
XX. Conquistar y asegurar como fuente de abastecimiento pleno las más grandes
reservas de petróleo del mundo, en un contexto de agresiva competencia entre
empresas petroleras y sus intereses geopolíticos, se vuelve una necesidad cada
vez más urgente de satisfacer para ExxonMobil.
Y para cristalizar ese
objetivo es necesario un cambio de gobierno. Un importante grupo de expertos
(también conocido como tanque de pensamiento), llamado Consejo de Relaciones
Exteriores (CFR, sus siglas en inglés), elaboró el pasado mes de marzo un
conjunto de recomendaciones al gobierno de EEUU en el marco de este propósito.
En resumidas cuentas, las
opciones viables para lograr un cambio de gobierno en Venezuela (que desde
principios del siglo XX moldea la política exterior de Estados Unidos)
consisten en aumentar las sanciones contra dirigentes claves del chavismo,
presionar diplomáticamente desde la OEA utilizando a países fronterizos como
Colombia y Brasil, y exigirle a China y Rusia que retiren su apoyo al Gobierno
venezolano para agudizar el aislamiento.
La Administración Trump ha
cumplido la gran mayoría de estas propuestas presentadas por CFR como rutas
políticas para apoyar la agenda de golpe de Estado en Venezuela. Las sanciones
contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, las presiones del
Departamento de Estado desde la OEA y las últimas sanciones contra el TSJ son
muestra de ese compromiso, o al menos, de que efectivamente CFR tiene
influencia en ciertas decisiones de la Casa Blanca.
CFR
es financiado también por ExxonMobil.
Amenaza
de sanciones contra Pdvsa
El domingo 4 de junio la
agencia internacional Reuters filtró comentarios de supuestos altos
funcionarios de la Casa Blanca, con respecto a sanciones que se estarían
evaluando contra el sector petrolero nacional.
Según Reuters se han
encargado a colaboradores del presidente Donald Trump presentar recomendaciones
para sancionar al sector petrolero venezolano "si fuese necesario"
Dado que el 95% de los
ingresos en divisas de Venezuela provienen de Pdvsa, recursos vitales para el
pago de deuda externa e importaciones de alimentos y medicinas, un posible
embargo petrolero o en su defecto sanciones que impidan la exportación
petrolera hacia Estados Unidos y la inversión de empresas extranjeras
(amenazadas con suspensión de licencias para operar en EEUU), sería un fuerte
golpe al plan de recuperación económica del Gobierno venezolano y a la
población en general al paralizar una importante fuente de ingresos.
Una medida que traería alto
costos políticos para EEUU (que se esfuerza por convencer a la opinión pública
que busca el bienestar de la población venezolana) y una reversión de sus
efectos en la práctica en el mediano plazo, ya que muy probablemente las ventas
de petróleo a China o la India, que hoy representan el 60% de los destinos de
exportación de Pdvsa, aumentarían considerablemente.
No es por mera casualidad
que estas amenazas se filtren cuando la capacidad de movilización de la
oposición venezolana muestra signos de desgaste, mostrándose imposibilitada
ante el país y la comunidad internacional de transformar la violencia callejera
en victorias políticas. Si este ciclo de recesión política aumenta, ExxonMobil
se verá presionado a tomar medidas por cuenta propia. Al fin y al cabo son los
dueños del circo y han invertido recursos que no piensan desperdiciar.
Según un reporte del medio
The Daily Best a principios de abril, altos directivos de ExxonMobil y Shell se
reunían en Washington a la espera de que Nicolás Maduro saliera del poder para
volcarse en lo inmediato a proyectos de privatización de las reservas
petroleras más grandes del mundo. Posiblemente la filtración de Reuters guarda
relación con estas reuniones y con las decisiones que allí se habrían tomado.
La agenda de golpe de Estado
contra Venezuela no fue decidida por la oposición venezolana sino por la
empresa petrolera más grande del planeta; el marco de acción de un Freddy
Guevara o Julio Borges está limitado a su condición de subordinados. Si la
intervención por delegación fracasa, la intervención directa (a escala
económica y financiera) utilizando posiciones de poder y espacios de influencia
en el gobierno de EEUU, se ven menos lejanas.
La empresa que
verdaderamente ejecuta el grueso de las maniobras (ExxonMobil) cuenta con el
Secretario de Estado de EEUU, un portafolio de representantes y senadores de
extrema derecha -donde también está incluido Donald Trump- con capacidad de
influencia en el Congreso y firmas de cabildeo institucional para hacer de sus
intereses políticos y económicos una política exterior estadounidense contra
Venezuela.
En Venezuela no sólo se
disputa el poder político, sino la organización de una nueva geografía
política, financiera y energética a escala continental y planetaria, enmarcada
en una elevada pugnacidad política. La caída de Venezuela, para ExxonMobil, es
fundamental para que ese disputado centro de gravedad geopolítico se distancie
de Rusia y China, tomando el control en la región con mayor cantidad de
recursos naturales y energéticos del planeta.
Determinar quién es el
adversario es clave para entender a qué nos enfrentamos actualmente.
Comentarios
Publicar un comentario