Por: Tony López Rodríguez Maracaibo 24-5-2017
Cuando el Almirante Kurt
Tidd, Jefe del Comando Sur, sin ningún desenfado declaró “que la situación en
Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, aclaró así
cuáles son los planes imperiales para Venezuela: la intervención militar.
Los planes de intervención
no son una novedad; desde hace muchos años las condiciones para tales
propósitos se han venido preparando. Desde que el comandante Hugo Rafael Chávez
Frías, declaró el carácter bolivariano y socialista de Venezuela, para Washington
y las élites regionales, especialmente la colombiana, se hizo inaceptable este
tipo de propuestas y se preocuparon de que ese ejemplo no se extendiera por la
región, especialmente para Colombia el vecino más cercano.
A partir de aquel momento se
hizo más firme la idea de que Venezuela era un mal ejemplo para Colombia y la
región. Y quien mejor que el mandatario colombiano en ese entonces, Álvaro
Uribe Vélez, para encabezar la cruzada para el derrocamiento del presidente
Chávez. Cuando se produjo el fallido golpe de Estado contra Chávez, el 11 de
abril de 2002, el gobierno de Pastrana reconoció al gobierno golpista de Pedro
Carmona; fracasado éste le dio refugio a Carmona y a un grupo de golpistas que
se establecieron en Bogotá y allí continúan.
Uribe por su parte había
iniciado una campaña en contra del gobierno bolivariano y, apoyado por los
paramilitares que actuaban en la frontera con Venezuela, emprendió acciones
terroristas y desestabilizadores, que fueron piezas claves para entrenar y
participar en “las guarimbas” (graves acciones terroristas durante el intento
de golpe contra el presidente Maduro en 2014 en los Estados de Táchira, Zulia y
Miranda). Todos estas acciones apoyadas por el mismo liderazgo opositor, que
hoy continúa pidiendo la intervención extranjera en su país.
En el marco del Plan
Colombia, se realizó el acuerdo entre los presidente Álvaro Uribe y Barak Obama
para instalar siete o más bases militares estadounidense en territorio
colombiano. La participación de altos oficiales del Comando Sur en los llamados
Plan Patriota y Consolidación, entre los años 2003 y 2004, diseñado para
derrotar a la guerrilla de las FARC-EP, fueron planes que debilitaron a la
insurgencia, pero que no la derrotaron. Esos planes no tenían sólo el objetivo
de solucionar militarmente el conflicto social y armado interno; el tema era
impedir la existencia de una retaguardia estratégica para una Venezuela
agredida. Uribe fracasó al no lograr, como lo anunció desde el 7 de agosto de
2002, la derrota de la guerrilla de las FARC-EP.
Como no pudieron derrotar a
la insurgencia, unos años después el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, respondiendo a una propuesta de las FARC-EP, inició en territorio
venezolano conversaciones con el apoyo del presidente Chávez; conversaciones
que continuaron en Cuba en febrero de 2012, hasta que en octubre de ese año en
Oslo, Noruega, se hicieron públicas dichas pláticas y se constituyó la Mesa de
Diálogos. Mesa que se estableció de manera permanente en La Habana, Cuba, en
noviembre de ese año y que cuatro años después logró la firma de los llamados
acuerdos de paz, el pasado mes de noviembre de 2016 en Bogotá, Colombia.
Los Acuerdos de La Habana
actualmente están en una fase de implementación, pero los serios incumplimiento
del gobierno han tensado las relaciones entre ambas partes. Es en este contexto
que se manifiesta la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos que se
acrecienta seriamente cuando las garantías para los combatientes de las FARC se
ponen en duda porque el Gobierno niega la existencia de los paramilitares. Pero
lo cierto es que desde finales de 2016, y en lo que va corrido de este año,
decenas de líderes comunales, sociales y sindicales han sido asesinados, por
los paramilitares, acusados de ser colaboradores de la guerrilla, así como
también le han causado la muerte a miembros de la guerrilla -y familiares- que
están en proceso de dejación de armas.
Estas tensas relaciones
entre las FARC-EP y el Gobierno pueden lesionar el proceso, pero más aún cuando
la fragilidad del Gobierno se profundiza en el orden interno debido a la crisis
económica, los reclamos de los sectores campesinos, docentes, de salud y las
contradicciones con su vice-presidente Germán Vargas Lleras. Crisis que se ha
visto agravada por las acusaciones del ingreso de dinero de la empresa
trasnacional brasilera Odebrecht a su campaña presidencial en 2012 y que ha
llevado al Presidente a rendir declaraciones el pasado viernes 21 de abril ante
el Consejo Nacional Electoral.
Llama la atención que en
medio de esta crítica situación interna, Juan Manuel Santos ordenara a su
canciller elevar al Secretario General de las Naciones Unidas la petición de
que atienda el serio conflicto de gobernabilidad en Venezuela, buscando
internacionalizar un conflicto interno que, como se sabe, no es más que una
gran conspiración interna y externa contra el gobierno de Nicolás Maduro,
creada y orientada desde Estados Unidos. La entrevista de los ex-presidentes
colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el presidente Trump, apadrinada
por el senador republicano Marcos Rubio, operador de la oposición venezolana en
Estados Unidos, solicitando la intervención en la tierra de Bolívar; evidencia
que Colombia busca crear un conflicto con su vecino y justificar el plan
intervencionista, como lo ha propuesto Luis Almagro. Los 11 países
latinoamericanos que apoyan esta tesis en la OEA y el Comando Sur demuestran en
sus declaraciones que se corresponden con el decreto del ex-presidente Barak
Obama de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria para Estados
Unidos”.
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