Puerto Rico: Deuda y crisis

Por Daniel Orsini militante puertorriqueño del Socialist Worker

EL GOBERNADOR de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha declarado la deuda de $72 mil millones que mantiene la isla con sus acreedores "impagable" e hizo un llamado a los principales compradores de bonos de Puerto Rico a negociar la deuda, y al gobierno de Estados Unidos a crear medidas que ayuden a viabilizar la economía de la isla.

El gobierno boricua ha hecho uso de la austeridad y la adquisición de nuevos préstamos para estabilizar la economía de la isla. Pero este camino lo ha llevado a un círculo vicioso que ahoga cualquier posibilidad de crecimiento económico y sólo logra aumenta la deuda.

Entre los recortes y medidas impuestas por el gobernador García Padilla, y su Partido Popular Democrático (PPD), alineado al Partido Demócrata en Estados Unidos, se encuentra un cierre masivo de escuelas públicas, un aumento del 7 al 11.5 por ciento en un impuesto a las ventas, ataques a las pensiones de empleados públicos, recortes en los beneficios de salud del magisterio, aumento en el impuesto al barril de gasolina de $9,25 a $15,50, y aumentos en los precios de los servicios de agua y de luz.

El producto nacional bruto (PIB) de Puerto Rico ha decrecido un promedio de 2 por ciento anualmente, en los últimos ocho años. Unos 270.000 trabajos han sido eliminados. El rápido deterioro en la economía ha llevado a unos 140.000 residentes a dejar la isla tan sólo en el 2014.

Esta es la más reciente ofensiva del gobierno en su guerra contra la clase trabajadora y los pobres en Puerto Rico. Pero no se equivoquen: el gobierno colonial es tan sólo un sello de goma de las corporaciones multinacionales y de los buitres de Wall Street, quienes han sido muy efectivos en dirigir a los gobernadores durante las pasadas dos décadas en la implementación de varios paquetes neoliberales.

El neoliberalismo boricua

Para comprender como se llegó a esta situación será necesario revisar un poco de la historia reciente de Puerto Rico.

En el año 1993, el Partido Nuevo Progresista (PNP) estaba en el poder, y el gobernador Pedro Rosselló González se perfilaba como la figura más agresiva en la historia de la isla para imponer medidas neoliberales--en la misma tradición que Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

Con mano de hierro, Rosselló implementó dramáticos cambios en el gobierno y la sociedad puertorriqueña. Una de sus primeras legislaciones, "Mano dura contra el crimen", significó la ocupación de barrios pobres y viviendas públicas por parte de la Guardia Nacional y policía militarizada. Barricadas policiales a la entrada y salida de las comunidades hicieron a los residentes presa fácil del hostigamiento e intimidación de las fuerzas ocupantes. La eliminación de los cabecillas del narcotráfico abrió una de las guerras más sangrientas vividas en la isla por el control del mercado de las drogas.

Rosselló además privatizó un sistema público de salud relativamente sólido con infraestructura alrededor de todo el territorio boricua. Él vendió todos los hospitales a la mitad del valor de mercado y emitió una tarjeta de seguro de salud de cobertura privada utilizando fondos públicos--muy parecido a lo que más tarde fue impuesto en Estados Unidos con Obamacare.

Previo a esto, si una persona se enfermaba, simplemente iba al hospital y se trataba –sin necesidad de una tarjeta de salud. Hoy día el sistema de salud en Puerto Rico está al borde del colapso. Los doctores están desertando la isla, haciendo aumentar aún más los ya altos costos médicos. Sumado a esto está la persistencia del gobierno por mantener sus cuentas de servicio de salud al día, manteniendo todo el sistema sobre arena movediza.

Más tarde, en 1998, el gobierno PNP privatizó una de las corporaciones públicas más productivas con las que contaba el país, Telefónica de Puerto Rico. Los trabajadores telefónicos, organizados en sindicatos militantes y con el apoyo solidario de otros sindicatos públicos y privados, estudiantes universitarios y la población en general, dieron una dura batalla para evitar la venta de la compañía.

Los trabajadores telefónicos organizaron una huelga de 41 días, conocida como la "Huelga del Pueblo", por haber inspirado la participación de miles de individuos alrededor del país. La huelga de dos días fue acompañada de docenas de acciones directas y paros en centros laborales estratégicos. Pero una violenta represión gubernamental derrotó la heroica lucha de los trabajadores y pavimentó el camino a la venta de la Telefónica.

Rosselló se encontraba a la ofensiva y no había movimiento social capaz de pararlo. En 1999, recortó $40 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Su administración aprobó la "Ley 40", que representó un amplio ataque a los derechos de los trabajadores públicos. En 2008 el gobierno utilizó dicha ley para descertificar a uno de los sindicatos más democráticos y militantes, la Federación de Maestros de Puerto Rico, luego de una huelga de 10 días, y para declarar la huelga una acción ilegal.

Rosselló no fue ni el primero ni el único gobernador en implementar políticas neoliberales, pero hasta su gobernación, nadie lo había hecho de manera tan efectiva y amplia. Su gobierno contribuyó $10 mil millones a la actual deuda de $72 mil millones.

Luego del mandato de Rosselló, dos administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) mantuvieron el legado neoliberal de Rosselló, pero con un estilo más populista.

Durante las primeras dos semanas del 2006 hubo un cierre de gobierno por culpa de una confrontación entre la rama ejecutiva y la legislativa sobre qué tipo de medida económica regresiva imponer para balancear el presupuesto. El PPD prefería un tipo de impuesto al valor añadido (IVA), un impuesto popular en Latino América, mientras el PNP buscaba la imposición de uno que se pareciera más al utilizando en Estados Unidos, el impuesto de ventas y uso (IVU).

Las sucesivas administraciones del PPD, comenzando con la primera mujer gobernadora de la isla, Sila María Calderón, y terminando con Aníbal Acevedo Vilá, sumaron a la deuda nacional 13.3 mil millones y 10.1 mil millones, respectivamente.

Cuando el PNP retomó el poder en el 2009, el legado de Pedro Rosselló como el campeón entre los neoliberales fue desafiado por el nuevo gobernador, Luis Fortuño Burset. Fortuño es miembro activo dentro del Partido Republicano en Estados Unidos y un público admirador de Milton Friedman, y en una oportunidad catalogó a Ronald Reagan como el mejor presidente de la historia estadounidense.

En su cuatrienio, una huelga estudiantil de dos meses hizo estremecer la isla hasta sus cimientos. Un aumento de $800 en la matrícula estudiantil fue el detonante para la histórica lucha que se levantó con la ocupación de los 11 recintos que comprende la Universidad de Puerto Rico. Ante la violencia y represión de la policía, en contubernio con guardias privados, el estudiantado boricua respondió con arte callejero, estrategia política, ingeniosas campañas de solidaridad, y por supuesto, autodefensa.

Pero la joya de la corona en el cuatrienio neoliberal de Fortuño fue la "Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico". Nadie en Puerto Rico la conoce por ese absurdo nombre, simplemente se le llama la "Ley 7".

La Ley 7 representó el despido de por lo menos 30.000 empleados públicos, el congelamiento de los convenios colectivos del Estado, altos créditos fiscales para corporaciones multinacionales, y más. Las ondas que generó el gran golpe de la Ley 7 aún resuenan en la conciencia colectiva del pueblo puertorriqueño.

La contribución de Fortuño a la deuda pública fue la más generosa de todas, añadió tanto como las dos previas administraciones del PPD juntas: $23.4 mil millones. Al tiempo de su salida como gobernador la deuda pública ascendía a unos $70 mil millones.

Y último, pero no menos importante, el gobernador Alejandro García Padilla, el nuevo representante del neoliberalismo en la Fortaleza (la mansión del gobernador). Él representa el ala más conservadora dentro del PPD y se ha distinguido por su pobre liderazgo, su estrecha relación con los intereses del capital nacional y transnacional, y su patética aceptación del sistema colonial puertorriqueño bajo la tutela estadounidense.

Su victoria en la elección del 2012 fue producto de la lógica de votar por el mal menor. Muchos independentistas, individuos que no militan en ningún partido y hasta militantes de clase obrera del propio PNP votaron por García Padilla para librarse del fanatismo reaganista de Luis Fortuño. Sin embargo, la luna de miel con el nuevo gobernador tuvo corta vida. A semanas de ser inaugurado como gobernador de la isla, García Padilla materializó los esfuerzos de Fortuño para privatizar el aeropuerto internacional del país.