El Partido Popular se enfrenta a una
situación que puede llevar a su ruptura. Los escándalos de corrupción le
afectan desde la cúpula al último ayuntamiento. El juez Ruz acusa al partido de
delito fiscal, alegando que se financió ilegalmente durante 18 años, y que los
tres secretarios generales del partido eran conocedores de esa situación. La
propia sede central del partido se financió con ese dinero de la “caja B”.
Al mismo tiempo, el “caso Rato”, que
muestra las conexiones entre el PP y los grandes negocios, les afecta
gravemente.
Aunque el aparato
de estado ha salido en su defensa, y tanto la fiscalía “anticorrupción” como la
Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, se apresuran a negar que exista
delito fiscal, con argumentos tan peregrinos como que el PP “no es una entidad
económica”, estos asuntos están influyendo intensamente en las perspectivas
electorales, ya bastante complicadas por el rechazo generalizado que han
generado sus políticas de recortes sociales y democráticos. .
Tras la derrota de Andalucía,
donde perdieron 500.000 votos (uno de cada tres de los que tuvieron en 2012),
las encuestas auguran la pérdida probable de feudos como la Comunidad
Valenciana (incluyendo el Ayuntamiento de Valencia) o Castilla-La Mancha, donde
gobierna la actual secretaria general, Mª Dolores de Cospedal. En esta
situación, la semana pasada se empezaba a hablar de un posible relevo de Rajoy
tras las municipales, y el propio Rajoy daba un golpe en la mesa para afirmar
su autoridad y decir que no se iba a ir. El Gobierno se propone mantener la
máquina de aprobar leyes durante julio y agosto, para cumplir encargos de los
Estados Unidos (tratado bilateral), compromisos con la patronal, urgencias de
la troika… Pero nadie descarta que se vea obligado a convocar elecciones
enseguida, como apuntó el PSOE.
Una crisis paralela a la del régimen
Por mucho que digan
los que repiten una y otra vez lo de “la misma mierda es”, el PP no es un
partido cualquiera. Fundado por varios ministros de Franco, es el partido de
los franquistas, y tiene sus raíces en lo más hondo del aparato de estado
heredado de la dictadura, bajo la tutela del propio heredero nombrado por
Franco, y actúa como representación política de ese mismo aparato. Precisamente
por eso alberga, también, como ninguno, el régimen de corrupción generalizada
propio del franquismo (aunque la podredumbre del régimen haya contaminado
también a otras organizaciones que viven en las instituciones del régimen).
Por eso, la crisis
de la monarquía se acompaña de fenómenos de descomposición cada vez más
evidentes dentro del propio PP. Una descomposición que preocupa gravemente al
capital financiero (que desde 1936 ha confiado en el franquismo como su agente
político), así como a todos los defensores del régimen monárquico. De ahí que
no sólo la fiscalía y la abogacía del Estado salgan en defensa del PP. Al mismo
tiempo, El País y otros medios de comunicación se inventan el
notición de que según las encuestas el PP gana en Madrid: en realidad la mayor
parte de encuestas de los últimos meses dan al PP como primera fuerza en
Madrid, sobre todo en el ayuntamiento, lo que está por ver es si con el apoyo
de Ciudadanos consigue la mayoría, y esto no parece garantizado con el pequeño
tirón, ya descontado, de la Sra. Aguirre.
Al mismo tiempo, la
previsible pérdida electoral del PP lleva a que sean más necesarias que nunca
tanto las operaciones de recambio tipo Ciudadanos como las adaptaciones
necesarias de otras organizaciones para integrarlas en las operaciones de
salvación del régimen.
Pasos hacia amplios pactos
Hace un par de
semanas analizábamos en la Carta Semanal las exigencias de
ajuste del FMI y cómo éste llamaba a un compromiso de todos los partidos
políticos, incluyendo los “nuevos” en este sentido. También señalábamos que
este compromiso debía extenderse a las direcciones de UGT y CCOO.
En este tiempo se
han sucedido algunos acontecimientos señalables. Por un lado, el Secretario
General del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho públicas sus propuestas de derogación
de la reforma laboral (la de Rajoy, pero no la de Zapatero, de la que la
reforma de Rajoy era continuación y desarrollo), y de un “nuevo Estatuto de los
Trabajadores”, “que sea una carta de derechos laborales y no un
catálogo de precariedad”. Muchos sindicalistas han visto ahí una posibilidad
de mejora.Pocos días después, los dirigentes del PSOE desembarcaban de manera
masiva en las manifestaciones del 1 de mayo convocadas por UGT y CCOO. Es
evidente que Sánchez intenta amarrar a su proyecto a las direcciones, a los
cuadros y a la afiliación de ambos sindicatos. A mismo tiempo, Felipe González
insiste en que Sánchez debe ser el único candidato a la presidencia del
gobierno, lo que evitaría que volvieran a manifestarse -y, peor aún, a
organizarse- amplios fenómenos de oposición como el que significó el 20% de
votos de Pérez Tapias en la elección a secretario general. ¿Se trata de una
alternativa compatible con los planes del FMI? Habrá que verlo, de momento no
tranquiliza que se elimine el antiguo estatuto –compendio de muchas conquistas
obreras– en lugar de limpiarlo de recortes, ni tranquiliza que el 1 de mayo en
un artículo sobre ese Estatuto Pedro Sánchez se refiera a la negociación
colectiva como un instrumento para las “necesidades de competir en la zona euro
y con mayor relación entre salarios y productividad”.
La ruptura del
gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía, que se produjo cuando la dirección
de IU anunció -ante el creciente descontento de su bases respecto de la
política de recortes sociales que practicaba ese gobierno , “por imperativo
legal”- que se iba a convocar un referéndum interno de sus militantes para
decidir sobre la continuidad del pacto, demostró que Izquierda Unida no es un
socio fiable para aplicar nuevos ajustes. Eso explica en buena medida las
operaciones de voladura de IU que se han venido desarrollando desde entonces.
En esta situación,
es interesante observar lo que ha sucedido en Podemos en estos últimos días.
Las operaciones de búsqueda de la más amplia “unidad nacional” deben contar, al
menos por el momento, con esta formación. La reciente dimisión de Juan Carlos
Monedero, que se ha producido inmediatamente después de sus declaraciones que
señalaban la deriva de la formación hacia su integración plena en el régimen,
en la “casta”. Monedero era considerado hasta ahora el número tres de Podemos y
era el responsable de la confección de los programas de Podemos. En las últimas
semanas se han dado a conocer las diferencias entre Monedero, por un lado, y
Carolina Bescansa e Íñigo Errejón, por otro. En este sentido, El
País explica que“Monedero cayó tras un pulso interno con Errejón en
la dirección de Podemos”.
¿Qué defiende
Errejón? El pasado día 26, en una entrevista concedida a Europa Press, y que la
agencia titulaba “Errejón dice que Podemos no quiere ‘revertir’ el
‘régimen del 78′”, éste explicaba que Podemos quiere hacer
“transformaciones estructurales”, para superar la “crisis del régimen del 78”,
es decir, una reforma que en ningún caso toque las instituciones fundamentales.
Es más, Errejón decía incluso que utilizar la palabra “régimen”, “puede
sonar muy fuerte”.
Ya no se trata, por
tanto, de eludir la cuestión de la República, que a Errejón le parece un debate
con un tono “melancólico”, que lleva la discusión “a términos del pasado”, sino
de asegurar que se puede contar con ellos para mantener al régimen, que Errejón
consideraba en esa misma entrevista “democrático”, con algunas reformas.
Parece, pues, que Monedero ha hecho de Varufakis en este debate y que ha sido
dejado de lado. Y la propia “oposición” dentro de Podemos también ha dado pasos
para adaptarse a esta situación, manteniendo su apoyo a Pablo Iglesias. Lo que
explica las rupturas de los Anticapitalistas en Madrid, y en
varias provincias de Andalucía.
¿Cómo puede abrirse camino la clase trabajadora?
Esa es la cuestión
principal en esta situación. Cómo puede la clase trabajadora, a cuyas
organizaciones tratan de volver a encerrar en el marco de defensa del régimen y
de aplicación de los planes de destrucción diseñados por el FMI y por la Unión
Europea, unir sus fuerzas para defender y recuperar sus conquistas sociales y
democráticas y conquistar sus reivindicaciones. Cómo puede escapar de ese apoyo
a operaciones de “unidad nacional”, cuyo único objetivo es aplicarle nuevos
ataques. Y cómo puede utilizar su fuerza para derrotar al PP, expresión del
aparato de estado franquista, y expulsarle de los ayuntamientos para echarle
del gobierno. Las 80 manifestaciones de este primero de Mayo, sin ser masivas,
aunque haya habido más participación que el año pasado, demuestran que la vanguardia
de la clase trabajadora esta dispuesta a plantear el conflicto abierto en
términos de clase.
Ese debate, que
debe recorrer la campaña de las elecciones municipales, plantea la tarea
urgente de agrupar compañeros de y en todas las organizaciones del movimiento
obrero y popular para dar expresión política a los intereses de la mayoría
social y ayudar a la clase a levantar el frente unido de sus organizaciones. Es
lo que puede significar la Conferencia Obrera que el CATP invita a preparar
para el 27 de junio.
Comentarios
Publicar un comentario