España: tras la marcha del 22, ¿qué?
Este sábado cientos de miles de
personas se han manifestado en Madrid, dentro de la Marcha de la Dignidad, bajo el lema “pan, trabajo y
techo”. Convocaban esa marcha diversas organizaciones, incluyendo –de manera
vergonzante, y sin organizar ni autobuses ni cortejos, aunque algunas
organizaciones de ambos sindicatos lo hayan hecho- a las direcciones de UGT y
CCOO a través de la llamada Cumbre Social. El manifiesto de convocatoria
concluía así:“Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno,
por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades
democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una
sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un
régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que
se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan
derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas
de la Troika”.
Cientos de miles de personas en
las calles, especialmente jóvenes, pero también muchos no tan jóvenes, que han
sacado a la calle pancartas y gritado consignas que recogían el conjunto de
movilizaciones de la clase trabajadora y la juventud de todo el estado, ondeado
un mar de banderas republicanas, y hecho patente su deseo de echar a este
gobierno y acabar con su política, y su disposición a movilizarse para ello.
Esta disposición contrasta con la actitud de los dirigentes de las principales
organizaciones obreras, y en especial, los de UGT, CCOO y el Partido
Socialista, dispuestos a dar un balón de oxígeno al gobierno y a mantenerlo, al
menos, hasta las elecciones de 2015.
Han sido cientos de miles, pero
podían haber sido muchos más, si las principales organizaciones de los
trabajadores –y en especial, CCOO y UGT– hubieran convocado a la marcha y se
hubieran volcado en organizarla. Muchos de ellos han venido en autobuses desde
los cuatro puntos cardinales, pagándose el viaje en la inmensa mayoría de los
casos, demostrando sobre todo una cosa: que quienes se quejan de que “la gente
no se mueve” se equivocan (o mienten, para encubrir su decisión de no
convocarlas a una movilización seria). Si algo ha demostrado la Marcha de la
Dignidad es todo lo contrario: la gente está más que dispuesta a echarse a la
calle. El problema está en los dirigentes. Como decía el viejo refrán
castellano, “qué buen vasallo, si tuviera buen señor”.
Pero esa voluntad de luchar puede
estrellarse contra el dispositivo de guerra de las instituciones del capital si
no cristaliza en algo absolutamente necesario: la unidad de todas las
organizaciones para derrotar, de verdad, al gobierno.
La
vuelta de los dirigentes de UGT y CCOO al Diálogo Social
En contraste evidente con lo sucedido
el sábado 22, el martes 18 de marzo, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunían en el
Palacio de la Moncloa con los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, CEPYME,
Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y
UGT, Cándido Méndez. Tras la reunión, que ha cogido por sorpresa a la inmensa
mayoría de cuadros y delegados -y a muchos de los dirigentes- de los dos
sindicatos, se emitía un comunicado oficial que decía que “Tras analizar la situación por la que atraviesa el país se han
comprometido a impulsar el diálogo social para favorecer el cambio de ciclo
económico, la creación de empleo y la cohesión social. Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que es
necesario abrir una nueva etapa”
¿Diálogo sobre qué? ¿Está sobre
la mesa de ese diálogo la derogación o corrección de la reforma laboral, o la
restitución de los derechos y salarios robados a los empleados y empleadas
públicos? ¿La retirada de las acusaciones a los 8 de Airbus, la retirada del
proyecto de ley-mordaza o de la ley del aborto? ¿La derogación o modificación
la Ley Wert o de la nueva ley de régimen local, que amenaza con el cierre o la
privatización de muchos de los servicios municipales? Nada de eso. Los
dirigentes de UGT y CCOO han decidido volver al diálogo sin exigir al gobierno
que retire ni uno solo de esos ataques.
Por el contrario, han decidido
hablar de cooperar en la “política europea”: “Para avanzar en ese camino en el marco de las instituciones
comunitarias, gobierno e interlocutores sociales han considerado necesario
reforzar la concertación permanente entre el Consejo Europeo, el Consejo, la
Comisión, el Parlamento, y los interlocutores sociales, en particular en la orientación
de los objetivos del semestre europeo”. Han decidido hablar de una
reforma fiscal “capaz de reducir el déficit asegurando la
financiación de los servicios públicos. El sistema debe apoyar la mejora de la
competitividad, impulsar la creación de empleo y proteger a los más débiles de
la sociedad”. Han decidido hablar de “evaluar las políticas
salariales y de empleo en el sector público” (nada de
recuperación de derechos). Y –lo que indignará miles de trabajadores ante los
escándalos existentes– han decidido hablar de la “reforma del sistema de formación para el empleo”. En
resumen, no han ido a defender reivindicaciones obreras, sino a negociar el
desarrollo de los planes del Gobierno y de la Unión Europea, que se centran en
imponer a los trabajadores y pueblos del Estado español un nuevo ajuste, o
sangría, de 40.000 millones (a costa de los salarios, las cotizaciones
sociales, los servicios públicos). Y todo ello sobre la base de la aceptación
tácita por parte de los dirigentes sindicales de la contrarreforma laboral, el
ataque a los convenios y la nueva reforma de pensiones, que no se ponen en
cuestión ni será objeto de ese “diálogo”.
Para empezar a aplicar el ajuste,
tras esa reunión, Patronal y Sindicatos han anunciado que es “necesario avanzar hacia un nuevo ‘Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva’, que, apostando por la mejora de las condiciones
generales de la economía, continúe favoreciendo, de forma equilibrada, la
competitividad de la misma”. O sea, más sacrificios salariales
y de derechos en nombre de la “competitividad”, cuando los datos dicen que por
cada euro que han dejado de ganar los capitalistas por la crisis, los
trabajadores hemos perdido 14.
Esta decisión de retomar el
diálogo con el gobierno se da justo cuando luchas como la de la Sanidad y los
barrenderos y jardineros de Madrid o la del barrio del Gamonal de Burgos
demuestran que la política del PP y la del gobierno pueden ser derrotadas si se
impone la unidad, justo cuando la gran manifestación del 22 de marzo demuestra que
la gente está dispuesta a luchar.
La decisión de volver al “diálogo
social”, supone, en la práctica, dar un balón de oxígeno al Gobierno para que
pueda seguir con sus ataques a los trabajadores, mantener los que ya ha
aplicado y seguir adelante con los que prepara. En la situación actual, esta
decisión supone un verdadero ataque a los sindicatos, que puede llevar a
cientos de compañeros a romper con las organizaciones. Y también supone un
apoyo al Gobierno en sus ataques a los pueblos.
Precisamente, la decisión de Toxo
y Méndez de volver a sentarse con el Gobierno viene en el mejor momento para
Rajoy, con una situación en Cataluña fuera de control, con la resistencia de la
clase trabajadora en ascenso y que exige a sus sindicatos la acción unida; con
un hundimiento económico que no cesa a pesar de los discursos oficiales y una
crisis institucional agravada a la que se naden el resurgimiento de los
sectores abiertamente golpistas, Rajoy ha hecho lo que durante dos años ha
negado: reunir a los sindicatos, para establecer un Pacto social y formar con
Rubalcaba un verdadero gobierno de coalición “en la sombra”.
Y Rubalcaba a hacer el trabajo sucio a Rajoy
Sólo hay algo que se hunda tan
rápido como la popularidad de Rajoy: la del dirigente de la supuesta “oposición”,
Rubalcaba, que se compromete a respetar al gobierno hasta 2015. El primer punto
del apoyo de Rubalcaba al Gobierno (además de promover el pacto social) ha sido
el acuerdo para que el 8 de abril el Congreso de los Diputados de un solemne NO
a la exigencia multitudinaria del pueblo catalán de efectuar una consulta para
decidir. Esta provocación sería el pistoletazo de salida de una campaña de
división de los trabajadores y enfrentamiento entre los pueblos sin precedentes
por parte del PP, el aparato de Estado, los medios de comunicación… y
Rubalcaba. En virtud de ese acuerdo, el martes 18 Rubalcaba se reunió en
Barcelona con los dirigentes de UGT y CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego y
José Álvarez, a quienes citó en la sede del PSC. El contenido de este dialogo
es diáfano. Después de la reunión, Maurici Lucena, portavoz del PSC, hizo
públicas unas declaraciones en las que criticaba a los sindicatos por
pronunciarse y mantener esta posición en relación al derecho a decidir. Curioso
del portavoz de un aparato sometido a Ferraz, contrario a los derechos
nacionales y a los sociales.
Para acabar con el coro de
defensores, Cayo Lara se pronuncia el viernes 14 contra la posibilidad de que
Cataluña ejerza su soberanía y que él es partidario de una consulta “legal” o
sea, contra toda posibilidad de consulta.
¿Cómo resolver la contradicción?
Existe una contradicción
flagrante entre la disposición de la clase trabajadora y la juventud a luchar,
demostrada en cada lucha, y en la Marcha del 22, y la actitud de los dirigentes.
Para algunos, no tiene ninguna importancia, pero la inmensa mayoría sabe que en
esta lucha global –como en cada lucha particular– no podemos vencer sin la
unidad, y que esa unidad no puede, hoy, hacerse sin contar con la principal
fuerza organizada de la clase trabajadora, los sindicatos CCOO y UGT.
Resolver esta contradicción,
luchar por imponer la unidad por las reivindicaciones, frente a la voluntad de
los dirigentes de sacrificar las reivindicaciones para salvar al régimen, es la
tarea central de los militantes obreros para el próximo periodo. Una tarea que
sólo puede abordase apoyándose en los trabajadores, y en primer lugar en las
bases y cuadros de UGT y CCOO, para hacer con ellas campaña para obligar a Toxo
y Méndez a romper la tregua y el diálogo con el gobierno y a organizar, junto
con el conjunto de organizaciones de la clase, muchas acciones como la marcha
del 22, o incluso una Huelga General que obligue al Gobierno a anular todos los
recortes impuestos y los nuevos planes o a dimitir.
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