Gobierno
obvia los convenios internacionales sobre derecho laboral. Sindicatos piden se
conforme una comisión permanente de la OIT en Venezuela. Trabajadores del
sector eléctrico advierten intervención de Miraflores en la discusión del
contrato colectivo
Mientras la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) iniciaba ayer su agenda con los representantes
del Ministerio del Trabajo, los principales gremios sindicales del país acudían
a la sede del sindicato de trabajadores de la Cantv para exponer más de 60
testimonios de agresiones en contra de la libertad sindical y los atropellos
contra algunos dirigentes laborales durante los últimos años.
Intervención
del contrato
Aldo
Torres, dirigente de la Federación Eléctrica de Venezuela, afirma que los
trabajadores del sector redactaron un documento dirigido a la OIT para
denunciar el decreto presidencial número 21, "que busca prácticamente
cercenar el derecho de los sindicatos y trabajadores".
Explica
que dicho decreto, emanado desde la Presidencia de la República, establece que
la junta interventora presidida por el ministro de Electricidad, Jesse Chacón,
trata de manipular la convención colectiva. También denuncia que pretende
cercenar el derecho de los trabajadores a defender sus convenciones colectivas,
"violentando los convenios de la OIT 87 y 98 suscritos por la
nación".
El
dirigente de la federación eléctrica demanda la nulidad del artículo 9 (numeral
14) que establece que la junta directiva de Corpoelec puede rescindir los
contratos laborales discutidos. Torres afirma que el artículo 10 establece que
el patrono puede "paralizar todas las demandas y litigios que tengan los
trabajadores y sindicatos en el poder judicial".
Aclara
que el TSJ suspendió más de 500 demandas contra la corporación eléctrica, por
lo que la junta interventora de Corpoelec "está violentando el derecho a
la protesta establecido en la constitución y las leyes".
También,
Torres denuncia que el artículo 14 establece que cualquier intervención de los
trabajadores o protesta que cause perjuicio de lo establecido en el decreto
serán nulos y no generarán efecto alguno: "es decir, que cuando un
trabajador haga una asamblea para defender sus derechos la junta interventora,
a través de ese decreto, está arbitrariamente interviniendo los
sindicatos".
Plantea
entonces que la junta puede despedir personal de la corporación por encima de
la inamovilidad laboral. También la convención colectiva tiene tres años vencida
y añade que al sector "le deben el 25% del aumento de salario del 2008 de
los trabajadores de la extinta Cadafe".
Marcela
Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete),
exige que la reunión con la comisión de la OIT sea por separado, sin la
participación de representantes del Estado, "por lo que vamos a exigir un
lugar neutral no escogido por el Gobierno". Afirma que si esta solicitud
no se concreta, "acudiremos donde sea para que los representantes de la
organización se lleven todos los testimonios contra la criminalización de la
protesta, el militarismo y el acoso patronal".
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