Trabajadores presentan denuncias ante la comisión de la OIT

Gobierno obvia los convenios internacionales sobre derecho laboral. Sindicatos piden se conforme una comisión permanente de la OIT en Venezuela. Trabajadores del sector eléctrico advierten intervención de Miraflores en la discusión del contrato colectivo

Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) iniciaba ayer su agenda con los representantes del Ministerio del Trabajo, los principales gremios sindicales del país acudían a la sede del sindicato de trabajadores de la Cantv para exponer más de 60 testimonios de agresiones en contra de la libertad sindical y los atropellos contra algunos dirigentes laborales durante los últimos años.

Intervención del contrato

Aldo Torres, dirigente de la Federación Eléctrica de Venezuela, afirma que los trabajadores del sector redactaron un documento dirigido a la OIT para denunciar el decreto presidencial número 21, "que busca prácticamente cercenar el derecho de los sindicatos y trabajadores".

Explica que dicho decreto, emanado desde la Presidencia de la República, establece que la junta interventora presidida por el ministro de Electricidad, Jesse Chacón, trata de manipular la convención colectiva. También denuncia que pretende cercenar el derecho de los trabajadores a defender sus convenciones colectivas, "violentando los convenios de la OIT 87 y 98 suscritos por la nación".

El dirigente de la federación eléctrica demanda la nulidad del artículo 9 (numeral 14) que establece que la junta directiva de Corpoelec puede rescindir los contratos laborales discutidos. Torres afirma que el artículo 10 establece que el patrono puede "paralizar todas las demandas y litigios que tengan los trabajadores y sindicatos en el poder judicial".

Aclara que el TSJ suspendió más de 500 demandas contra la corporación eléctrica, por lo que la junta interventora de Corpoelec "está violentando el derecho a la protesta establecido en la constitución y las leyes".

También, Torres denuncia que el artículo 14 establece que cualquier intervención de los trabajadores o protesta que cause perjuicio de lo establecido en el decreto serán nulos y no generarán efecto alguno: "es decir, que cuando un trabajador haga una asamblea para defender sus derechos la junta interventora, a través de ese decreto, está arbitrariamente interviniendo los sindicatos".

Plantea entonces que la junta puede despedir personal de la corporación por encima de la inamovilidad laboral. También la convención colectiva tiene tres años vencida y añade que al sector "le deben el 25% del aumento de salario del 2008 de los trabajadores de la extinta Cadafe".

Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), exige que la reunión con la comisión de la OIT sea por separado, sin la participación de representantes del Estado, "por lo que vamos a exigir un lugar neutral no escogido por el Gobierno". Afirma que si esta solicitud no se concreta, "acudiremos donde sea para que los representantes de la organización se lleven todos los testimonios contra la criminalización de la protesta, el militarismo y el acoso patronal".